En segundo debate, la ordenanza que modifica el cobro de la tasa de recolección de basura en Quito fue aprobada con catorce votos a favor, dos en contra y cero abstenciones.
Este valor estará incluido en la planilla del agua potable y se calculará por diferentes grupos, dependiendo del consumo de agua, considerado como un indicador del volumen de desechos generados.
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El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión extraordinaria, discutió varias reformas a la ordenanza que modificará el cobro de la recolección de desechos y que, según el Municipio, beneficiará a distintos grupos de los sectores industrial, comercial y residencial.
Críticas desde el sector industrial
El pasado 2 de diciembre, varios concejales y representantes de la zona industrial criticaron esta nueva implementación, al asegurar que generaría amplias pérdidas presupuestarias, debido a que muchas fábricas cuentan con medidores comunitarios y otras con medidores individuales, lo que podría provocar inequidades en el cobro.
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Sin embargo, Juan Pablo Pozo, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo), explicó que todo el servicio se cobrará en una sola tasa, sin divisiones, y que esta se incluirá en la planilla de agua potable, ya que los datos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable son reales y permiten generar valores confiables para las familias quiteñas.
“Se va a crear un nuevo sector tarifario denominado espacio de uso colectivo, que incluye mercados, casas comunales o barriales, públicas y estadios de ligas barriales, con una tarifa diferenciada, garantizando que no se afecte a la organización barrial”, señaló el gerente de la empresa municipal, en respuesta a las inquietudes sobre los sectores que disponen de medidores individuales.
Cobro progresivo y sostenibilidad financiera
Bajo este concepto, el mecanismo de cobro se mantiene como progresivo y se dividirá en diez grupos dentro del área residencial, seis en el sector comercial y cuatro en el industrial.
Los valores reflejados en la planilla se calcularán en función de la cantidad de litros de agua consumidos mensualmente.
“Lo que estamos haciendo tiene un compromiso ambiental, plantea sostenibilidad financiera, protección social y continuidad del servicio, lo cual para nosotros es muy importante”, sostuvo el alcalde Pabel Muñoz.
El alcalde también explicó que, al no poder emitir el cobro, se genera una afectación económica, obligando a los gobiernos locales a asumir los valores pendientes para evitar que el servicio de recolección se detenga.
“Estamos hablando de aproximadamente $ 6 millones mensuales en el caso de Quito. Hemos asumido ese golpe financiero y presupuestado los recursos para que, de aprobarse el proyecto, la Empresa de Agua Potable pueda realizar el cobro desde enero”, puntualizó Muñoz.
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Finalmente, el cobro se dividirá en tres segmentos: los usuarios residenciales, que representan el 89 % de los abonados de agua potable; el sector comercial, con el 10 %; y el sector industrial, que corresponde al 1 %. (I)