Comerciantes no regularizados de Quito asistieron a la Corte Constitucional esta mañana. En el lugar se llevó a cabo la audiencia de la demanda por inconstitucionalidad de las retenciones a los productos de los vendedores autónomos que realiza el Municipio. El trámite se inició en 2018 y desde ahora el juez tendrá hasta ocho días para dar su fallo, explicó Rodrigo Guarderas, representante de la Asociación de Trabajadores Autónomos (Asotrab).

Para , Guarderas, este problema se presenta cada semana en los operativos municipales. “Es el único medio que tiene la Alcaldía, no generan oportunidades, solo apelan a los decomisos frecuentemente”, añadió.

El retiro de los productos es, en realidad, una retención y consta como medida cautelar, según las autoridades. Sin embargo, los comerciantes afirman que se trata de una sanción ya que los productos “no se devuelven nunca”.

Desde el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano informaron que, antes de la retención de mercancía se debe notificar en tres ocasiones al comerciante. En caso de reincidir, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) dispone el retiro de los productos que, aseguran, se pueden recuperar pagando la multa.

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Esmeralda Mora, presidenta de la Asociación de Comerciantes Jassiel, dijo que el trámite de devolución es demoroso. “Lo que es perecible ya no regresa, lo que no, devuelven a los seis meses o hasta más después de pagar la multa”, aseguró.

Pero los miembros de Asotrab dicen que no se cumple con ese proceso y que “en la mayoría de los casos, aunque se pague la sanción, tampoco se devuelve”.

Las ventas no regularizadas se sancionan con el 50% de una remuneración básica unificada, (RBU), que son $ 200. Esta aplica por el uso del espacio público en cualquier actividad comercial no permitida y está contemplada en la Ordenanza Metropolitana 001, artículo IV.3.105.

La Asotrab está conformada por 300 vendedores ambulantes o no regularizados. Ellos denuncian, además, la excesiva violencia con la que actúan los miembros del cuerpo de control de la ciudad.

Según Mora, el proceso es muy rápido y no dan ninguna advertencia antes de retener la mercancía. Aunque en la administración zonal les entregan un documento habilitante, mientras se tramitan los permisos, aseguran que los agentes metropolitanos no los hacen válidos y proceden a la retención de la mercancía.

“No hay información clara ni de un lado ni del otro. Y nadie entrega ninguna advertencia, peor tres”, enfatizó Mora. Ella explicó que tampoco se recibe un acta donde conste lo retenido, por lo tanto, hay productos y enseres que se pierden.

Frente a las alternativas presentadas por el cabildo, de ingresar a mercados o plazas, los comerciantes dicen que no se les prestan las facilidades. El número de espacios disponibles es escaso en comparación con los 190.000 comerciantes autónomos que laboran en la capital. Por lo que Guarderas aseguró que “no se puede pensar que la solución es meter a todos en mercados”.

Al consultar a la AMC sobre este tema, manifestaron que esta institución no realiza la retención de productos o mercancías. Por su parte, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control explicó que se trata de una retención y no de un decomiso. Sin embargo, añadieron que siempre actúan con una orden de la AMC.

Posterior a esto, ante la solicitud de explicaciones a los organismos de control, ninguna de las dos instituciones respondió. (I)