“Las capacidades operativas del sistema de seguridad se concentran en capitales de provincias, en zonas más urbanas que en zonas rurales. El tema de la periferia tiene bastante desabastecimiento y en zonas turísticas tampoco hay atención”, inició Wilson Merino, al presentar la propuesta de ley que pretende crear un Cuerpo de Protección Ciudadana, donde confluyan varias instituciones y que sean lideradas por los municipios de cada ciudad.
En las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), Wilson Merino, concejal del Municipio de Quito, entregó el acta de petición de formularios para recolectar firmas en todo el país que den paso a la aprobación de un proyecto de ley que ayudaría a combatir la inseguridad y las entidades municipales serían las involucradas.
Este proyecto tendrá el objetivo de unir varias empresas municipales y que actúen de forma complementaria con la Policía Nacional para descargar trabajo y lograr llegar a barrios donde los índices de violencia son altos y diversos.
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“Necesitamos descargar operativamente a la Policía Nacional. Hoy por hoy están realizando tareas que les corresponden más a los municipios, como: levantamiento de libadores, control del espacio público, todo lo que tiene que ver con resolución de conflictos. Esto es más competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y lo realiza la Policía”, manifestó Merino, quien acudió al CNE en días pasados.
Uno de los principales problemas de los barrios, ubicados mayormente en las periferias, es el robo a mano armada y el desmantelamiento de vehículos. Aquello genera zozobra entre habitantes de esas zonas.
Además que ellos denuncian que las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia están instaladas, pero algunos casos no funcionan.
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“Aparentemente contamos con alarmas comunitarias, supuestamente tres, pero no sirven. Cámaras ni siquiera existen, las del Ecu 911 no funcionan. Inauguraron un UPC que tampoco funciona”, apuntó Rocío Hurtado, presidenta de la urbanización Santa Anita.
La evidente molestia de la comunidad está en que ciertos índices de delincuencia han subido, a pesar de los planes de autoridades para tratar de cambiar el panorama.
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“En mi barrio tenemos problemas con el microtráfico, los negocios informales y ahí aplica la venta de droga, robo en motos a cualquier hora y todos los días“, expresó Omar Manobanda, presidente de seguridad del barrio Las Cuadras
Las alarmas en este sector funcionan, pero la capacidad de respuesta de los órganos de seguridad es bajo y para Omar, salir pasada las 18:00 ya no es seguro.
Merino indicó que el proyecto debe convertirse en una política de Estado, liderada por el Gobierno Nacional, para entregarle a los cantones y sus GAD, consejos de seguridad y comisiones que organicen a sus instituciones.
“En Quito tenemos un plan local de seguridad ciudadana, pero que no está alineado al Gobierno Nacional en algunas aristas y eso genera ineficiencia, como el hecho de repotenciar las Unidades de Policía Comunitaria (UPC). El Municipio ha repotenciado estos predios, pero el plan del Gobierno se ha centrado en potenciar los cuarteles menores”, afirmó el concejal.
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Enfoque de Cuerpo de Protección Ciudadana
Ante ello, el Cuerpo de Protección Ciudadana se ejecutará con la colaboración de agentes civiles de control, bomberos, agentes de tránsito, entre otros actores, que podrán portar armas eléctricas, previa autorización y regulación del Ministerio del Interior para obtener mejores resultados en la tasa de inseguridad.
“Es un sistema que articulará a las entidades ya existentes y, como opción, pediremos incluir a agentes comunitarios que podrían ser líderes barriales, estudiantiles y profesores que puedan trabajar desde la prevención y acompañamiento a menores.
Estos cuatro entes, tres formales con presupuesto municipal ya existente, serían parte de este Cuerpo de Protección Ciudadana y lo que hacemos nosotros es fortalecerlos y darles una identidad para coadyuvar en esta problemática”, indicó Merino.
Este proyecto de ley simulará las actividades de la denominada policía municipal, pero sin quitarle funciones a la Policía Nacional, sino con el fin de cooperar en operativos, alertas y patrullajes por barrios accesibles y periféricos.
En la capital se suscitó un foro en el que participaron varios exalcaldes, especialistas en seguridad, personal de los grupos de emergencia para tratar la viabilidad de este proyecto y cómo beneficiaría. Sin embargo, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, no asistió, según el concejal Merino.
Producto de esto, al ser consultado sobre la iniciativa, Muñoz afirmó no conocer sobre el proyecto. Esto durante una rueda de prensa en el patio central del Municipio, la mañana del pasado 15 de julio.
Según datos oficiales de la Policía Nacional, en el país suman 58.000 robos a personas y presenta un aumento del 430 % en homicidios en los últimos cinco años.
Por su parte, John Reimberg, ministro del Interior, habló de los índices delincuenciales en Quito y los resultados que han obtenido en los últimos meses.
“El tema de homicidios lo hemos podido controlar, pero en extorsiones estamos trabajando para erradicarlo. Hemos destinado equipos operativos para poder levantar información y hemos dado las facilidades para que la gente denuncie de manera anónima estos casos”, apuntó el ministro.
Reimberg añadió que con este método han podido detectar, en ciertos casos, bandas organizadas o solamente muchachos que con varios teléfonos buscan intimidar a los ciudadanos.
¿Qué establece la propuesta de ley?
- Depuración: Profesionalización, evaluación y control del personal municipal.
• Uso de armas no letales, bajo normas claras y supervisión del ministerio de interior.
• Coordinación operativa con Policía, FF.AA., ECU911 y otras entidades.
• Participación activa de agentes comunitarios y ciudadanía organizada.
Además, la normativa obliga a los gobiernos locales a actualizar sus Planes de Seguridad Ciudadana, respetando sus competencias y en coordinación con el Ministerio del Interior.
Beneficios para la ciudadanía
• Descongestiona a la Policía Nacional, permitiéndole enfocarse en el crimen organizado.
• Mejora la presencia territorial y la percepción de seguridad en barrios y parroquias.
• Permite una respuesta rápida y cercana ante conflictos comunitarios.
El proyecto de ley está organizada en base a 14 artículos, tres disposiciones transitorias y una final.
Según el funcionario municipal, esta es la primera vez que una iniciativa ciudadana construye un modelo integral de seguridad de proximidad, con enfoque preventivo y territorial, para devolver la paz y confianza a los espacios públicos.
Desde la curul de Imparables, partido político, encabezado por el concejal Merino, deberán esperar una semana por la resolución del CNE y, posteriormente, recorrerán el país contando la iniciativa. (I)
