Luego de un intenso debate por el proyecto de ley que reformaría el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) y obligaría a que el presupuesto de los municipios sea destinado en un 70 % a obras públicas y mantenimiento, mientras que un 30 % sería dirigido a gastos corrientes, es decir, pagos a los funcionarios, se realizó una marcha pacífica en oposición al proyecto en la capital.
Desde las inmediaciones del Banco Central, por el parque de la Alameda, más de 500 personas caminaron hasta la Asamblea Nacional con el objetivo de protestar contra las medidas de este proyecto de ley que reposa en la Asamblea Nacional y deberá ser aprobado o invalidado en los próximos 30 días.
La vicealcaldesa de la capital, María Fernanda Racines, asistió a esta protesta y consideró que esta reforma podría representar un gran problema. Advirtió que las unidades educativas municipales, los Wawa Centros y los geriátricos que administra el cabildo podrían desaparecer al quedarse sin la inversión necesaria para contratar personal.
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Además, Racines aseguró que los presupuestos municipales no solo se destinan a la rehabilitación de una calle, el arreglo de una vereda o el cambio de una tubería, sino que con ello también se realizan obras sociales.
Beneficiarios del proyecto 60 y Piquito y madres que tienen a sus hijos en los denominados Wawa Centros se acercaron hasta el centro de Quito para manifestarse y pedir al Gobierno nacional y la Asamblea no dar paso a esta propuesta incongruente, según la población.
El alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, sostuvo: “Esta ley es un puñal al corazón de los gobiernos locales y de su autonomía, por lo tanto, lo único que cabe es el archivo”.
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Finalmente, subido a una tarima criticó al Gobierno central y a la bancada oficialista por esta propuesta. (I)
