Varios frentes tras el listado de los vacunados en la fase cero o plan piloto contra el coronavirus

El Ecuador inició en enero pasado la fase cero o plan piloto de vacunación con prioridad en la inoculación del personal de salud de primera línea contra el coronavirus. Sin embargo, días después se divulgó por redes sociales sobre personas que habrían accedido a la vacuna sin pertenecer a dicho grupo prioritario.

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Según lo ha publicado el Ministerio de Salud Pública, en la fase cero incluían a personal sanitario de hospitales COVID-19 de la red de salud pública y privada y a adultos mayores de centros gerontológicos y su personal de cuidado.

Entre los beneficiados se encontraban un jugador profesional de fútbol de la capital y el periodista Diego Oquendo. Sobre la primera persona no se confirmó, sin embargo, el periodista informó en redes sociales que fue vacunado al ser una persona de 83 años de edad y padecer diabetes.

Por su parte, el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos aceptó haber vacunado a su madre en un centro gerontológico ubicado en Cumbayá, en el nororiente de Quito.

Desde diversas instituciones y organizaciones han solicitado al Ministerio de Salud Pública que transparente el listado de personas beneficiarias en el inicio de la vacunación y el costo en la adquisición de las dosis. La Defensoría del Pueblo, excandidatas a la Vicepresidencia, el Observatorio de Derechos y Justicia Ecuador, entre otros, han solicitado información a esta cartera de Estado. Sin embargo, hasta el momento la lista de los vacunados no es pública.

El ministro Rodolfo Farfán, respecto del precio de las vacunas, dijo que existen cláusulas de confidencialidad estipuladas en los contratos con los laboratorios fabricantes, por lo que esa información no puede ser pública, aunque afirmó que todos los contratos han sido supervisados por autoridades del Gobierno.

Según información de la Defensoría del Pueblo, se han realizado cuatro pedidos a diferentes jueces que han dispuesto la entrega de información al Ministerio de Salud Pública. El 18 de febrero se presentó una acción en la Unidad Judicial Penal de Chimborazo, con sede en el cantón Riobamba. La jueza María Gabriela Sánchez dispuso que en el término de ocho días se presente el informe sobre la llegada de vacunas al Ecuador y cuántas se encontraban destinadas para la provincia de Chimborazo, así como los protocolos y selección de beneficiarios para recibir la vacuna.

El 19 de febrero, el pedido se realizó en Quito. La jueza Karina Martínez, de la Unidad Judicial Civil de Pichincha, dispuso al “Ministerio de Salud entregue a la Defensoría del Pueblo la información consistente en el plan de vacunación y el protocolo de implementación de las vacunas, en los que deberá constar la provincia de Pichincha”, en el término de diez días.

Ese mismo día se ingresó un pedido en la ciudad de Ambato, en el que se solicitó el listado de las personas que accedieron a la vacuna en dicha ciudad, la cantidad y protocolos tomados para la inmunización.

Desde las coordinaciones zonales solicitadas, como por ejemplo Riobamba, se ha respondido de manera negativa sobre el acceso al banco de información de los beneficiarios para la vacunación, aduciendo que solo las máximas autoridades del MSP son quienes pueden compartir dicha información.

Sofía Merino, excandidata a la Vicepresidencia por el movimiento político Avanza, junto con otras excandidatas del último proceso electoral solicitaron que se transparente el estado de las personas que han sido vacunadas contra el coronavirus y cómo se efectuará el resto del proceso de inmunización, mediante una carta de intención firmada por ellas y otros representantes.

Excandidatas a la Vicepresidencia firmaron una carta de intención dirigida a autoridades del Gobierno

El 28 de enero, el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) Ecuador solicitó la lista de las personas que se vacunaron con las primeras 8.000 dosis que llegaron en enero de 2021. Pero no obtuvieron respuesta pese a que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la entidad debía responder en diez días.

María Dolores Miño, directora ejecutiva de ODJ Ecuador, dijo que, ante las declaraciones del ministro de Salud Pública, de que no entregará la información, “cabe destacar que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone una acción de incumplimiento y, además, establece responsabilidades penales, civiles y administrativas para funcionarios que desacaten la orden del juez”.

El 9 de marzo, el ministro de Salud, Rodolfo Farfán, en entrevista con Teleamazonas, dijo que el MSP ya entregó información a la Fiscalía General del Estado, incluyendo la lista de vacunados. Pero puntualizó que la lista de nombres no puede ser pública por confidencialidad de su historia clínica.

Pero también informó que desde que la plataforma tecnológica empiece a funcionar, estarán todos los nombres de los beneficiarios de la fase 2 de manera pública. “Allí estarán todos los que en la fase dos, que es la fase masiva, mayores de 18 años, etcétera, que se tengan que vacunar o se quieran vacunar, estarán ahí. El público podrá consultarlo en cualquier momento”, dijo.

El ministro Farfán dijo que después de la implementación de la plataforma Plan Vacunarse con las bases de datos y la aplicación a todos los beneficiarios de la fase 1, y el inicio de la fase 2, la discrecionalidad no podrá tener lugar. Sin embargo, el jueves 11 de marzo se dio a conocer sobre la vacunación a dos estudiantes de Medicina que no debían formar parte del listado. Hasta entonces, ese listado sigue siendo un misterio.