El retiro del subsidio al diésel ha dejado con desazón al sector de la transportación de algunas provincias.

La entrega del subsidio a este combustible ha representado $ 1.100 millones al Estado y, por ello, el Gobierno de Daniel Noboa ha decidido ponerle fin.

Para que el precio del pasaje del transporte público no suba, se destinarán $ 220 millones en compensación a 23.300 choferes, quienes recibirán entre $ 400 y $ 1.000 mensuales.

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El Ministerio de Infraestructura y Transporte habilitó este domingo, 14 de septiembre, puntos de atención presencial para que los transportistas se registren y reciban la compensación por la eliminación del subsidio al diésel.

El registro es permanente y cada semana habrá nuevos pagos, indicó la cartera de Estado.

En varias provincias, los transportistas consultados no confían del todo en esa compensación ofrecida.

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“En campaña se ofreció cancelar una deuda histórica que mantiene el Gobierno con la transportación, pero hasta el momento nada. Ahora se ofrecen compensaciones hasta octubre y nada más; tal vez luego vendrá un alza de pasajes”, dijo el presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros Interprovincial e Intraprovincial de Tungurahua.

En Esmeraldas, los transportistas también desconfían del bono económico ofrecido por el Gobierno como compensación, pues señalan que eso no será suficiente para suplir las operaciones.

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Los transportistas de operadoras de servicio urbano e intracantonal de Esmeraldas no descartan unirse a las protestas que se anuncian en desacuerdo con la eliminación del subsidio al diésel.

La dirigencia de la transportación urbana de Esmeraldas se mantenía en sesión de trabajo este domingo 14.

El gerente de la operadora urbana Las Palmas, Freddy Freire, expresó que el lunes 15 se pronunciará sobre la postura de su empresa en la protesta de la transportación del país.

Dentro de las provincias fronterizas hay reuniones previas para determinar las medidas que adoptarán.

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Los gremios de camioneros mantienen reuniones para definir la posición que asumirán frente al incremento del diésel.

Existe malestar debido a que la ministra Zaida Rovira se comprometió a estar en Tulcán, el viernes 12 de septiembre, para abordar el tema de inseguridad en las carreteras; ese fue un compromiso que permitió levantar el bloqueo de la E-35 el lunes 8 de septiembre, indicaron los dirigentes del gremio Hombre Camión. Sin embargo, la secretaria de Estado no arribó y aquello viene generando inconformidad.

Carlos García, secretario general del Sindicato de Choferes Ecuador del Carchi, institución que administra la terminal terrestre de Tulcán, informó que el centro de movilidad despachará normalmente este lunes las frecuencias de buses interprovinciales; no obstante, adelantó que existiría temor en algunas operadoras ya que, si hay alguna protesta, serían objeto de algún tipo de ataque las unidades.

Dirigentes del sector de la transportación urbana en Guayaquil rechazaron este sábado el Decreto Ejecutivo 126, mediante el cual el Gobierno eliminó el subsidio al diésel.

Christian Sarmiento, dirigente de una parte de transportistas urbanos, consideró que la medida es “inconsulta” y pone en riesgo la operación del servicio público de pasajeros.

Sostuvo que la eliminación del subsidio “afecta la economía del transportista en general, con riesgo inminente de dejar sin movilidad a los usuarios”.

En las siguientes horas, el gremio mantendrá decisiones sobre la medida anunciada por el Gobierno.

Mientras que en Quito delegados de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha inició acercamientos con las autoridades de la ANT sobre la hoja de ruta en relación con la eliminación del subsidio de diésel. (I)