El plazo para que cada institución de la red pública integral de salud entregue su plan al Gobierno dentro del proyecto de externalizar farmacias de consulta externa habría terminado este sábado, 23 de abril de 2022.

La red pública integral de salud la forman el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y Ministerio de Salud (MSP).

De acuerdo con el decreto ejecutivo 378, que dio paso a la receta electrónica y a esa iniciativa gubernamental, que fue publicado en el Registro Oficial n.° 27 del miércoles 23 de marzo de 2022, desde ese día esas instituciones debían remitir al MSP, al ser la autoridad sanitaria nacional, el plan para la implementación de la adquisición de fármacos a través de farmacias particulares. El plazo máximo era un mes.

Además, el plan de externalización deberá implementarse en una fase inicial, en un plazo no mayor a un mes desde esa presentación. Así consta en una de las disposiciones transitorias del documento. Esto podría ser hasta el 23 de mayo.

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Daniel Rodríguez, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS, explicó -el pasado 14 de abril- que en una primera fase se ha considerado que formen parte de la iniciativa los tres hospitales más grandes de Quito, Guayaquil y Cuenca y en una fase posterior se irán incorporando el resto de farmacias. El IESS administra 101 unidades de salud.

Los hospitales serían José Carrasco Arteaga de Cuenca, Teodoro Maldonado de Guayaquil y Carlos Andrade Marín de Quito.

Rodríguez mencionó que el IESS tiene un sistema médico ya implementado y ya emiten receta electrónica.

Asociación de productos médicos sugiere licitar servicio de farmacias de consulta externa de red pública de salud en lugar de ir a una externalización

El plan de externalización de farmacias de consulta externa, según un comunicado del MSP, consistirá en que los pacientes que acuden a ese servicio, tras la atención médica, reciban las indicaciones de sus medicamentos a través de una receta electrónica.

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“Con este documento podrán acudir a cualquier farmacia privada para retirar todas las medicinas recetadas de forma gratuita y completa”, explicó la entidad gubernamental.

En una primera fase, sostuvo la cartera de Estado, se espera verificar el funcionamiento del sistema desde las casas de salud hasta las farmacias privadas.

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Mientras el proyecto sigue, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (Alafar), la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE) y la Industria Farmacéutica de Investigación e Innovación (IFI) han señalado que el proceso se lleva con poca transparencia y la mínima participación que tienen los gremios que representan a la industria.

Además, que no se está facilitando la concurrencia o participación debida de oferentes en procesos que le permitan al Estado contar con proveedores serios.

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Para Miguel Palacios, director ejecutivo de ALFE, tal vez sus sugerencias para el proyecto no fueron tomadas en cuenta lo que ha provocado que no se cumplan los plazos conforme el Gobierno ha querido.

“Ellos dijeron inicios de marzo, después finales de marzo, ya estamos abril, bueno ya mayo y en este caso el proyecto todavía no arranca y yo creo que en el transcurso de este mes no va a suceder”, expresó.

Señaló que autoridades del MSP les manifestaron que había más de 160 farmacias calificadas.

Alguna de aquellas recomendaciones es que las empresas que proveen de medicamentos tienen que ser “serias”, que tengan la capacidad productiva, logística, experticia o que haya mayor difusión para las farmacias, pues algunas lo desconocerían.

“Pudiese ocurrir lo mismo que ya pasó en una subasta de 2016, que empresas no serias participaron y no entregaron los medicamentos”, indicó Palacios. (I)