Cuenca

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Cuando un conductor es sancionado por exceso de velocidad en las vías urbanas de la ciudad recibe dos notificaciones: una de la Empresa de Movilidad (EMOV) informando sobre la infracción y otra de abogados particulares que ofrecen impugnaciones seguras.

El primer caso es normal, pero el segundo llama la atención a las autoridades y, por eso, se colocaron denuncias en la Fiscalía.

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La multa por sobrepasar los límites permitidos es de $ 120; y, en caso de que el conductor pague dentro de los 20 días a partir de la notificación, solo cancela la mitad, esto es, $ 60.

Pero con la misma velocidad con la que el conductor pasó por el radar, algunos abogados de la ciudad envían correos electrónicos a los afectados con el siguiente asunto: “Impugne su multa de manera segura”.

En el contenido del documento, el abogado remitente describe lo siguiente: “Me pongo a las órdenes a fin de ayudarles con la impugnación de la misma (multa) para que de esta manera no pague estos altos valores, ofreciendo un resultado garantizado en 24 horas”.

A esto le acompaña una captura de pantalla donde consta el reporte de la EMOV en que se especifica el lugar, hora y todos los detalles de la infracción. Esta imagen es tomada de la página web ses-violations.com, según consta en la parte superior izquierda de la gráfica adjunta.

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Cuando el conductor pregunta al jurista de dónde sacó la información, la respuesta obtenida es esta: “Yo manejo una base de datos de placas que circulan en la ciudad de Cuenca. Mis colaboradores me ayudan verificando en el sistema de la EMOV, y yo me contacto con el cliente (…)”.

Pero el insistente abogado no solo se remite a los correos electrónicos, sino también a mensajes de WhatsApp en donde repite de dónde saca la información y vuelve a ofrecer sus servicios “por la multita”.

El gerente de la EMOV, Juan Aguirre, conoce estos casos y ya puso una denuncia en la Fiscalía del Azuay para que se investigue si existió alguna vulneración externa al sistema informático o si existe filtración desde el interior.

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Reconoció que los ciudadanos sí tienen acceso a alguna información oficial para que sea validada, pero desvirtuó que exista una base de datos abierta, y cuestionó cómo estos estudios jurídicos cruzan la información con la infracción. Por eso, todo ahora está en manos de la Fiscalía. (I)