Los investigadores de la Universidad de las Américas (UDLA) Tannya Lozada y Miguel Ángel García, desde las 14:00 de este miércoles rendirán de forma separada sus testimonios anticipados en los que explicarán al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, cuál fue el trabajo técnico de validación que realizaron a los kits de prueba para detectar COVID-19 que se les entregó desde el Municipio de Quito.

Los testimonios se escucharán a menos de quince días de que termine la instrucción fiscal por el delito de peculado abierta el 13 de noviembre pasado y a la que se vinculó, el 16 de febrero último, a siete personas más, entre ellas, el alcalde de Quito, Jorge Yunda; la secretaria de Salud del Municipio de Quito, Ximena Abarca; y la coordinadora técnica de la Secretaría, Linda Guamán.

Dos testimonios anticipados se escucharán a 15 días de que cierre la instrucción fiscal por un peculado en el que es investigado el alcalde Jorge Yunda

El peculado que se investiga habría ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. La teoría que mantiene el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, señala que las pruebas entregadas por la empresa Salumed S. A., a finales de abril pasado, a la Secretaría de Salud no eran las constantes en el objeto del contrato, pero aun así fueron validadas para que se firmara el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo.

El contrato tenía como objeto la compra de pruebas PCR polimerasa, pero, asegura Fiscalía, se recibieron pruebas de diagnóstico RT Lamp, es decir, una especie diferente a la ofertada y aceptada. “Teniendo las pruebas RT Lamp un menor porcentaje de detección que las pruebas PCR requeridas”, es decir, se debía “duplicar el procesamiento de cada prueba, debido a su baja sensibilidad”.

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Tannya Lozada explica que en su testimonio aclarará cuál es el proceso que se realizó y cómo funciona la academia en estos casos. Resalta que fue Linda Guamán, como funcionaria del Municipio de Quito, quien se acercó a la UDLA para pedir que se realice la validación de pruebas y les entregó unos kits conocidos como Isopollo, negando así que haya sido la institución universitaria la que buscó el acercamiento.

La investigadora sostiene que a través de las técnicas usadas lo que se obtuvo es que la sensibilidad del kit entregado era menor a la declarada por el fabricante e incluso al referido por Guamán. Lozada insiste en que el estudio hecho fue imparcial y que los resultados entregados fueron los obtenidos en la investigación, independientemente de que estén a gusto o no de la institución solicitante.

“Posterior a eso, ellos (funcionarios del Municipio) se comunican con el proveedor, se comunican con el fabricante y el fabricante lo que hace es manifestar que había un error metodológico en cómo se habían hecho las pruebas. Nosotros, que de ninguna manera estábamos aceptando el error metodológico, volvemos a repetir la prueba bajo los estándares que nos mencionaba el fabricante, para que no quepa ninguna duda sobre la calidad del trabajo realizado, y volvemos a realizar el informe bajo estos criterios que nos manda el fabricante y nos ratificamos en los resultados”, indicó Lozada.

Según los elementos de convicción usados contra Guamán por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos, Miguel Ángel García indicó a Guamán que él se había comunicado con Corea y “que los kits importados por Ecuador no son autorizados para su uso en Corea, es decir, no está validado el producto en el país de origen, constituyendo una lotería los resultados”.

De la transcripción de conversaciones que son parte del expediente, la Fiscalía determina que Guamán reconoce la baja sensibilidad de los kits adquiridos y habría manifestado textualmente “que la sensibilidad declarada es o sea supermala”.

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A decir de Santillán, de este incumplimiento de especificaciones técnicas y de la baja sensibilidad de las pruebas tenían conocimiento el alcalde Yunda, Abarca y Guamán y existirían una serie de chats que lo revelarían. Para la Fiscalía, lo que debieron hacer las autoridades era dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento de su objeto, declarar incumplida a la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales.

El investigador García, frente a lo dicho por el alcalde Yunda en su cuenta de Twitter sobre que SinLab y el Korea Testing Certification determinaron que las pruebas adquiridas por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito tienen un porcentaje del 95% de sensibilidad con menos de 100 copias del virus, le hizo saber a Guamán que lo dicho “incluye múltiples falsedades”, “tratar de controlar una pandemia con una prueba poco sensible solo puede salir mal”, “el estudio coreano no es un estudio de sensibilidad y especialidad porque no usa muestras clínicas”.

“Lo que nosotros hicimos fue un estudio científico para el cual nosotros no necesitamos ninguna certificación, a diferencia de lo que se ha mencionado varias veces. (...) En ningún momento se ha puesto en cuestionamiento la calidad del trabajo que nosotros realizamos y en este caso puntual, es tanto que no se pone en cuestionamiento nuestro trabajo que los resultados obtenidos de la investigación que se realizaron con el kit que fue provisto por el Municipio (de Quito) están actualmente publicados a nivel internacional y han sido validados a nivel internacional”, concluyó Lozada.

La diligencia se realizará en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ubicada en el norte de Quito, y se iniciará con el testimonio de Lozada a las 14:30, mientras que desde las 16:30 lo hará García. (I)