En el interior de la Policía hay cierta frustración por las decenas de personas que cada día son capturadas y a las horas salen en libertad porque reciben medidas alternas a la prisión preventiva, como la prohibición de salida del país, presentación periódica ante un fiscal o arresto domiciliario.
Agentes y oficiales que laboran a diario en operativos en la Zona 8, como Guayaquil, Durán y Samborondón, sienten cierta desazón, porque se despliegan operativos y recursos para que sospechosos de delitos puedan ser capturados y terminan libres.
Durante las últimas semanas incluso oficiales de la Zona 8 han alertado de presuntos secuestradores y extorsionadores que fueron aprehendidos y luego obtuvieron medidas alternativas.
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Una de las inquietudes en el interior de las filas policiales pasa por el alto número de agentes asignados a arrestros domiciliarios, que deben estar custodiando a personas, incluso en zonas de alto riesgo.
Según cifras del Ministerio del Interior, actualmente hay unos 800 policías que están asignados a custudiar a personas que han recibido arrestos domiciliarios.
Jhon Reimberg, ministro del Interior, ha indicado que esos policías deberían estar en las calles solucionando casos en medio de este escenario de conflicto, pero están resguardando a personas en casas.
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Se estima que en varias provincias hay 275 personas con arresto domiciliario y cada día se deben asignar a agentes en diferentes turnos para hacer esas custodias.
La Policía cree que un porcentaje importante de esas personas con arrestro domiciliario deberían tener prisión preventiva por los delitos que se les imputan.
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Este lunes, Fernando Vaca, jefe de la Zona 5, que abarca Santa Elena, Guayas (con excepción de Guayaquil, Durán y Samborondón), Los Ríos, Bolívar y Galápagos, se refirió a los arrestos domiciliarios en esas provincias.
Sostuvo que actualmente hay 21 personas en esa condición: 11 en Guayas, 9 en Santa Elena y 1 en Galápagos.
Esto implica la asignación permanente de 68 policías para tareas de vigilancia, lo que, según Vaca, representa un desgaste de personal que podría ser destinado a labores de resguardo en zonas conflictivas.
Vaca también reveló que en lo que va del 2025 se han registrado 432 muertes violentas en la Zona 5, mientras que en el mismo periodo del 2024 se reportaron 279 casos.
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Este malestar por la liberación de reos, con medidas como el arrestro domiciliario, fue expuesta esta semana en la mesa de fiscalización por parte del ministro Reimberg.
Dijo que van a comenzar a identificar a jueces y fiscales que dejan en libertad y disponen medidas alternativas a delincuentes.
El asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo en Teleamazonas que sí se deben hacer reformas al Código Orgánico de Procedimiento Integral (COIP) para impedir estos actos.
Álvarez sostuvo que el Consejo de la Judicatura no solo debe exigir sanciones administrativas, sino separar a los malos elementos. (I)
