En Imbabura, el pasado fin de semana estuvieron programados 45 espectáculos en comunidades de Cotacachi y Otavalo, entre festivales de música, campeonatos de fútbol, peleas de gallos y encuentros gastronómicos con motivo del Pawkar Raymi.

Mauricio Andrade, intendente de Policía, informó que fueron suspendidos 25 por las autoridades con acompañamiento de policías y militares; mientras que los 20 restantes resultaron cancelados por decisión de los coordinadores y autoridades comunales para evitar la propagación del COVID-19.

En Turuko, Cotacachi, el sábado una fuerza combinada integrada por 150 uniformados (policías y militares) lograron evitar la realización de un encuentro de música al que debían asistir unas 5.000 personas, y se registraron incidentes que terminaron con dos policías heridos, rotura de parabrisas y la afectación de motocicletas oficiales.

Pablo León, comandante de Policía de la Zona 1, justificó el uso progresivo de la fuerza argumentando que los organizadores agitaron a la gente para que reaccione de forma violenta. El oficial indicó que fue aprehendido Guido Perugachi, organizador del evento, quien es acusado de ataque y resistencia.

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Las autoridades judiciales dictaron medidas cautelares contra Perugachi, quien deberá presentarse todos los días durante un mes, tiempo que durará la investigación para establecer si hubo algún grado de responsabilidad.

“No por intereses económicos de unos pocos (organizadores) vamos a poner en riesgo la salud de nuestra gente, respetamos su cosmovisión pero estamos hablando de una pandemia que es letal”

Gabriela Jaramillo, gobernadora de Imbabura

Estas programaciones en la ruralidad indígena, sumadas a bautizos y matrimonios que se realizan en el primer trimestre del año, tienen preocupadas a las autoridades del Comité Provincial de Operaciones de Emergencia (COE), que incluso han pedido al Registro Civil y la iglesia suspender los casamientos para frenar la propagación del virus.

Las aglomeraciones, el incumplimiento del uso de mascarillas, irrespeto al distanciamiento social y la exagerada ingesta de licor serían las causas que mantienen al punto del colapso al sistema hospitalario COVID de esta provincia.

A pesar de que dirigentes de los cabildos y comunidades sostienen que son inmunes al virus y pueden tratarlo con medicina ancestral, la gobernadora Gabriela Jaramillo aseveró que mucha gente de estos sectores, según las estadísticas, está muriendo y sufriendo.

La representante del Ejecutivo agregó que las fiestas indígenas que se realizan los fines de semana están multiplicando la enfermedad, razón por la que vienen desarticulando estos programas que congregan entre 3.000 y 5.000 comuneros, inhabilitando equipos, estructuras y generadores de luz, estos últimos contratados para garantizar la energía.

Estudian la posibilidad de decretar estado de excepción en la ruralidad

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El COE de Imbabura espera un informe de la Mesa 2 de Salud para tomar decisiones que podrían focalizar un probable estado de excepción en la ruralidad de esta provincia, debido a la incivilidad evidenciada en las últimas semanas, a través de las fiestas del Pawkar Raymi.

Para Gabriela Jaramillo, sin salud no hay economía, pero le preocupan las programaciones que buscan recaudar dinero sin considerar el duro momento sanitario por el que atraviesan los dos hospitales COVID de esta jurisdicción provincial que están a punto de colapsar.

Se analiza también la figura jurídica para lograr este decreto que sería único en el país y se diferencia de las ocho provincias que mantienen desde la semana anterior esta declaratoria.

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Gonzalo Jaramillo, gerente del Hospital del IESS de Ibarra, precisó que la situación es extremadamente crítica y que el área de hospitalización está al 100%; en cambio que emergencia respiratoria ya superó el fin de semana por la demanda de pacientes.

Entre el 1 y el 4 de abril, 166 personas fueron atendidas por emergencias respiratorias relacionadas con coronavirus en este sanatorio. “Hasta el domingo esperaban una cama 15 pacientes en terapia intensiva, pero tres fallecieron antes del lunes”, añadió Jaramillo.

El difícil momento obligó desde esta semana a disminuir las cirugías programadas en este hospital regional, han decidido además movilizar el centro quirúrgico al centro obstétrico y se van a habilitar cuatro camas UCI con máquinas de anestesia de los quirófanos, explicó Jaramillo.

Además está previsto utilizar la sala de recuperación del quirófano central, donde hay sistemas de oxígeno y aire medicinal para ubicar equipos de alto flujo que llegarán este martes (hoy).

Otra de las medidas es movilizar ante la emergencia a personal de quirófano y médicos tratantes de especialidades a contingencia respiratoria, disminuyendo la consulta externa a un 30% de capacidad operativa con el propósito de aumentar la capacidad de respuesta.

Salomón Proaño, coordinador zonal de Salud, dijo que han sido dispuestos 703 profesionales en el sistema de salud pública y que durante el feriado fueron atendidos 498 pacientes.

Señaló que en el hospital San Vicente de Paúl de Ibarra hay 14 camas UCI, 8 COVID-19 y 8 no COVID-19, encontrándose el porcentaje de ocupación al momento en un 80%, algo que preocupa.

Mientras, en el hospital del IESS la capacidad COVID-19 es de 23 camas para pacientes moderados, 10 para terapia intensiva, 27 en hospitalización COVID-19, y hay la posibilidad de extender 24 más. (I)