Portoviejo

El análisis o debate para que la ciudadanía vuelva a tener permisos para portar armas ya genera reacciones en el país. Expertos en seguridad consideran que no se debe cambiar la metodología actual, esto es, que el uso y porte de armas sea solo para uniformados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, al igual que las últimas reformas dirigidas a que se podrían utilizar dentro de espacios de sectores productivos como el ganadero.

Héctor Espín, experto en seguridad y quien ha colaborado con reformas de este sentido entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sostuvo que en la actualidad esta facultad de permitir el porte y tenencia de armas sigue siendo del Estado, pues esta tenencia implica una gran responsabilidad, entendiendo que no solamente es el uso, sino los riesgos que implican llevar un arma.

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Pese a esto, Espín señaló que en el gobierno de Rafael Correa se estableció una disposición al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es la entidad que emite los permisos de tenencia de armas, e indicó que en la Asamblea Nacional se han llevado debates de varias leyes que son redundantes de lo que ya existe.

Por ello sugirió que, de existir una reforma, que esa sea integral tanto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), como en la Ley de Armas, Municiones y Explosivos en las que se incluyan elementos comunes que en estos momentos están exentos como las armas traumáticas.

“Que en estricto derecho es una arma de fuego porque tiene la deflagración de pólvora para tener la activación de los mecanismos mecánicos, valga la redundancia, esto no está contemplado en este momento y la gran mayoría de los asaltos que se dan en el país es con el tipo de armas traumáticas, en unos casos son consideradas como armas de fuego y en otras no, y esto complica la judicialización”, declaró Espín.

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Por ello mencionó que debe existir una racionalización de los conceptos a nivel de porte y tenencia de armas, y del uso de diferentes tipos de armas, y de calibres en el estricto tipo de municiones, que es lo que debería motivar a un debate en la Asamblea referente a una Ley de Armas que está vigente desde 1938.

Para el exviceministro del Interior, Max Campos, que los ciudadanos porten armas hace que de una u otra manera se generen problemas, y que armarse es casi un sinónimo de violencia, por ello refirió que armarse no es la solución con miras a reducir índices de criminalidad en el país.

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“Si la política pública esta orientada a la prevención del delito y la violencia, desde esa perspectiva las cosas cambiarían… para mí la problemática no va allá, es que no hay una política criminal”, sostuvo Campos.

Agregó que el porte de armas debe seguir en las Fuerzas Armadas y fuerzas públicas, al igual que en algunos casos integrantes de empresas de seguridad privada.

“Imagínese qué pasaría si una persona natural tenga un arma y por circunstancias ajenas tiene que utilizar ante un problema de violencia en su hogar o atentar contra la vida de un familiar, eso repercute muchísimo, como ha pasado con los miembros de la policía nacional aquí y la otra cosa es que se debe entender cuáles son los móviles de la problemática de la violencia y encontrar soluciones para encontrar una normativa y política publica para prevenir los factores de riesgo y las causas”, expresó el especialista en prevención de violencia.

Ramiro Larrea, exteniente coronel de policía, mencionó que si se permite que la ciudadanía pueda tener permisos para porte y uso de armas, los que más van a aprovechar esta normativa serán quienes actúan fuera de la ley.

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“Cuando hagan una requisa o hagan un operativo el delincuente que anda haciendo cosas ilícitas va a ser el primero que saque el permiso de portar armas, entonces todo el mundo va a andar legalizado, va a dar muchos problemas”, consideró Larrea.

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El sector empresarial tiene otra perspectiva y sí considera que se deben hacer excepciones y ser estrictos a la hora de dar permisos de porte y uso de armas. Byron Corral Sánchez, ganadero de la parroquia Eloy Alfaro de Chone, indicó que mientras la delincuencia común y organizada utilice armas sofisticadas, la sociedad civil no puede hacerlo por la prohibición de la ley.

“Estimo que a los productores de todas las ramas debe aceptársele la tenencia de armas, para protegerse de esta plaga, como es la delincuencia. Si en verdad existe una autorización limitada, pero los trámites para adquirir el permiso son engorrosos, que terminamos por no obtenerla, definitivamente creo que sí debe autorizar la tenencia o porte de armas”, dijo Corral.

Con él coincide Lucía Fernández, una de las principales del Consejo de Seguridad de Manta, quien estima que un país se vuelve un poco más seguro si personas, que cumplan con varias normativas, controles, no contar con antecedentes penales y sin problemas de salud mental, puedan portar y usar armas.

En la actualidad, añadió Fernández, los delincuentes saben que los ciudadanos no están armados, pero que, si existiera esa posibilidad, en ellos se generaría una incógnita y pensarían más de dos veces a la hora de atacar a los ciudadanos.

“Se debe permitir el uso a personas que tengan un perfil, que conozcan cómo manejar un arma, pues si no lo sabe puede hacerse daño incluso esa persona”, expuso Fernández.

Jorge Avellán, gerente de la cadena de farmacias Santa Martha, también cree que se debe permitir que empresarios o su equipo de seguridad porten armas, pues en la actualidad están en desigualdad ante delincuentes.

“Lo que sí es que hay que regular a quienes se le van a permitir portar armas. Eso ya tiene que ser reglado. Los empresarios deberían cargar sus armas o su equipo de seguridad”, manifestó él. (I)