Ecuador registra más de 2.000 homicidios ocurridos durante el 2021 cuando falta menos de un mes para que termine este año, una cifra que ya superó por largo a las 1.372 muertes violentas registradas en 2020 y que casi duplica las 1.187 del 2019, antes de la pandemia.

Esos crímenes han sido posibles gracias a las armas de fuego, cada vez más sofisticadas, que ingresan por mayor cantidad a un país como Ecuador, con fronteras permeables y una ubicación geográfica estratégica en el panorama internacional del narcotráfico.

Entre los fallecidos se cuentan a reclusos y traficantes de drogas asesinados por “ajustes de cuentas”, según dice la Policía, pero también hay víctimas de robos y asaltos.

La crisis en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social ha incidido en un aumento atípico de la violencia, dice un informe de la comisión legislativa de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, por cuanto los homicidios intencionales alcanzaron, hasta septiembre pasado, la cifra de 249, que corresponden al 14 % de la violencia a nivel nacional.

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El informe fue elaborado en octubre, antes de la masacre de 65 internos asesinados por otros reos en la Penitenciaría del Litoral en noviembre, por lo que las muertes intracarcelarias suman 335 hasta ahora, según los últimos datos del Ministerio de Gobierno.

Los homicidios se están produciendo con armas de fuego que no se fabrican en el país. “La tendencia de usar armas de carácter artesanal está decreciendo, mientras aumenta el uso de armas de carácter industrial, de alta tecnología, que se producen en el exterior e ingresan por la frontera sur, desde Perú”, dice el informe sobre la crisis carcelaria.

Y es que gran parte del arsenal ilegal está dirigido a las bandas dedicadas al narcotráfico y delitos conexos que luchan entre ellas por el territorio en las prisiones y fuera de ellas.

Hace dos semanas se destruyeron más de 4 mil armas en un horno industrial en el sur de Guayaquil. Foto: Cortesía FFAA

El sitio especializado Insight Crime señala que en América Latina existe una tasa promedio de 17,85 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ecuador experimentó un repunte en los asesinatos. Los datos de la Policía Nacional confirman esta realidad y evidencian que se ha incrementado la tasa de homicidios intencionales, pasando de 7,84 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 10,62 % hasta octubre del 2021.

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En el reportaje ‘La disputa territorial del narco en Ecuador pone al país en la ruta internacional del tráfico de armas’, que EL UNIVERSO publicó en septiembre pasado, se informaba que en la primera sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado en el nuevo gobierno se dispuso a las Fuerzas Armadas mejorar el control de armas y explosivos, con énfasis en las fronteras.

Hasta mediados de este año, las Fuerzas Armadas habían destruido 5.514 armas, la mayoría de ellas incautadas en operativos contra la delincuencia común. Y el 17 de noviembre pasado se fundieron 4.254 más, es decir, casi se duplicó la destrucción de armas incautadas.

“Pero es más lo que circula entre las bandas”, asegura el coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, y no porque los militares no estén haciendo su trabajo, sino porque la situación ha rebasado la inacción de gobiernos anteriores. “Las armas no han entrado de la noche a la mañana al país, ya estaban aquí y siguen llegando más”.

No todas las armas destruidas son las que han sido incautadas, hay muchas que todavía constan como evidencias y en proceso de peritaje a nivel de la función judicial y no se las puede eliminar mientras no se resuelvan los casos en curso.

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Pero los más recientes hallazgos de las Fuerzas Armadas dan cuenta de lo permeable que son las fronteras, debido a muchos pasos ilegales, y que el armamento que se ingresa, de alta tecnología, en su mayoría pretende ser infiltrado en las prisiones en medio de la crisis carcelaria que vive el Ecuador.

El pasado 18 de noviembre, la Policía encontró dentro de una mina en el cantón Ponce Enríquez (Azuay) una veintena de armas, entre ellas fusiles, subametralladoras, escopetas y pistolas, así como unos 6.000 tacos de dinamita, cargamento valorado en $ 100.000, procedente de Perú, que había ingresado por la provincia de El Oro.

Más de una veintena de armas fueron decomisadas en el interior de una mina, en Ponce Enríquez, Azuay. Ingresaron por El Oro, procedente de Perú, según inteligencia militar. Foto: cortesía

Fausto Buenaño, comandante del Distrito 8 de la Policía, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, donde se concentra el 27 % de los asesinatos cometidos en el país, según el informe parlamentario, sostiene que de acuerdo con las investigaciones, el arsenal estaba dirigido a bandas delincuenciales que operan en las cárceles.

“Ese armamento tiene un alcance efectivo de 1.200 metros”, declaró el jefe de la zona 8 del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Darío Realpe; es decir que puede impactar a una víctima a más de un kilómetro de distancia. “Tiene un alcance de guerra”.

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Por eso algunas balas disparadas por los reclusos dentro de la Penitenciaría han caído, ante la incredulidad de algunos, en negocios y urbanizaciones circundantes dentro del radio que menciona Realpe.

Las grandes incautaciones de droga, como la del pasado 14 de agosto en Los Vergeles, en el norte de Guayaquil, le permite a la Policía tener una idea de lo que los narcotraficantes disponen dentro de sus “estructuras de seguridad”, como describe el coronel Pazmiño, para asegurar que sus cargamentos lleguen a los centros de acopio y a los puntos de embarque.

El pasado 14 de agosto la Policía decomisó 9,5 toneladas de cocaína en Los Vergeles, norte de Guayaquil. Foto: Policía Nacional

Ese día, además del mayor cargamento que ha podido incautar la Policía hasta ahora (9,5 toneladas de cocaína), los agentes también hallaron, tras la fachada de una fábrica embotelladora de agua, 10 fusiles “con poder para destruir a un blindado”, según dijo la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.

Agentes de la Policía que acuden a levantamientos de cadáveres en Guayaquil y Manta, segunda ciudad con muertes violentas que se atribuyen a “ajustes de cuentas” entre narcotraficantes, presumen por la cantidad de balas que perforan los cuerpos que los antisociales están usando pistolas modificadas con un repetidor automático o “chip”, como se lo conoce en el hampa, un dispositivo prohibido en Ecuador.

En operativos se han encontrado, además de armas como pistolas, subametralladoras y fusiles, accesorios como silenciadores, miras láser y estabilizadores para disparar con discreción y sin errores.

Con esos accesorios, una pistola Glock se convierte en un arma de guerra, dice un agente. Si al “chip” y al estabilizador se le agrega un “Mickey Mouse” –cargador adicional de dos tambores de 50 balas cada uno– la pistola se convierte en subametralladora.

En Guayaquil y Durán, epicentro de la ola de violencia, el 86 % de los más de 600 asesinatos se ha cometido con armas de fuego, según registros de la Policía. Y el 82 % está relacionado con el narcotráfico.

Ingreso por Colombia

La frontera colombo-ecuatoriana se extiende a lo largo de 578 km, que son aprovechados para el cometimiento de varios delitos como el tráfico de armas, coinciden militares y policías que custodian estos sectores.

Existirían más de 100 pasos fronterizos no autorizados que comunican a pequeñas poblaciones de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos con los departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia.

Militares encontraron armamento en operativo en Sucumbíos. Cortesía.

Trochas, picas, ríos, tarabitas han sido utilizados por organizaciones transnacionales tras el cierre de los puentes internacionales de Rumichaca, San Miguel y Mataje, debido a la pandemia del COVID, convirtiéndose en las rutas ideales para movilizar pertrechos militares entre ambos países.

En la Brigada de Infantería Andes, asentada en Carchi, Imbabura y parte de Sucumbíos, responsable del resguardo de 256 km, sostienen que se viene dando una dura batalla al tráfico de armas, que ahora no solo van hacia Colombia, sino que de allá ingresan al Ecuador.

La inmovilización de 21 armas traumáticas en el paso fronterizo de Urbina, el pasado 24 de octubre, puso al descubierto un tipo de contrabando que genera preocupación en las autoridades de control de la frontera norte. Se trataba de armas “de fogueo”, que estarían siendo utilizadas por la delincuencia en el Litoral de Ecuador para someter a sus víctimas por su gran parecido a las armas de combate.

Alejandro Flores, jefe de operaciones de la Subzona de Policía Carchi, explica que a pesar de ser consideradas armas no letales, las percusiones a una distancia de cinco metros sí pueden causar serias heridas, por lo que representan un peligro.

Por qué una bala de fogueo aún podría matarte

Marcelo Andrade, coordinador militar del Centro de Armas de Carchi e Imbabura, confirma que la aprehensión de armas no letales ha crecido. “Los pasos de frontera, al ser permisibles, son usados para movilizar este tipo de armas”.

De acuerdo con las incautaciones, esas armas de fogueo que vienen de Colombia son de fabricación italiana, austriaca y turca.

En Otavalo, en cambio, el tráfico de dinamita, cordón detonante, fulminantes o mecha lenta, cautiva a indígenas y conductores de vehículos que son utilizados como “mulas” para movilizar estos materiales peligrosos que tienen como destino Colombia, indica Samer Pulles, comandante de la Brigada de Caballería Yaguachi.

El tráfico ahora es compartido, ya que existe una fábrica en el país que abastece a ciertos sectores mineros, pero también está viniendo material por las trochas desde territorio colombiano.

Pero el trabajo de las Fuerzas Armadas queda frustrado por acciones judiciales que ellos cuestionan, como lo ocurrido en la provincia de Esmeraldas, el pasado 12 de noviembre, donde un juez de la Unidad Multicomponente de San Lorenzo dejó en libertad a siete hombres, cinco de ellos extranjeros, que fueron aprehendidos con armas de fuego y pertrechos militares en una presunta base de descanso en el sector Mairongo, en la frontera norte.

En una operación conjunta de Fuerzas Armadas y Policía Nacional se incautaron 8 escopetas; 2 carabinas; 1 fusil M4; 1 revólver; 188 municiones calibre 5,56 mm; 10 alimentadoras de fusil HK; 8 granadas de mano tipo limón; 3 radios Motorola; 3 uniformes militares colombianos; varios explosivos y armamento artesanal; pero a pesar de esas evidencias no se sindicó a los capturados, que recuperaron su libertad.

Para los jefes de las unidades de investigación policial y para los militares que realizan los operativos, la resolución judicial dejó sin efecto las acciones contra la delincuencia organizada. Y ante la impunidad, los criminales se sienten intocables.

Pablo Velasco, comandante de la Subzona 8, dice que en la provincia de Esmeraldas se han ejecutado 42.293 operativos policiales entre enero y la primera semana de noviembre. Y se han incautado 506 armas de fuego y 2.011 armas blancas.

El Ejército ecuatoriano refuerza el control fronterizo en Sucumbíos con cuatro lanchas fluviales equipadas para patrullar durante el día y la noche. Foto: Víctor Gómez

Bases de descanso de grupos armados ilegales también han sido descubiertas en Sucumbíos. Sembríos de coca, laboratorios de procesamiento de la pasta base de cocaína, precursores químicos, explosivos y armamento son los principales hallazgos y decomisos que las Fuerzas Armadas han realizado en la zona fronteriza de esta provincia, vecina de Colombia.

“En este año se han desmantelado cuatro zonas clandestinas de entrenamiento y descanso de grupos ilegales. En septiembre encontramos un megacristalizadero que procesaba cinco toneladas a la semana de droga, y otros tres que eran relativamente pequeños, que procesaban una tonelada a la semana”, dice el coronel Milton Rodríguez, comandante de la Brigada de Selva 19 Napo.

Estos cristalizaderos fueron descubiertos en territorio ecuatoriano a solo unos 300 metros de la línea de frontera.

En esta provincia el transporte de gasolina blanca se ha incrementado y por ende los pinchazos a la tubería de hidrocarburos de Petroecuador.

“Tenemos embarcaciones de combate que estamos vigilando tanto el río San Miguel como el Putumayo, lo tenemos controlado”, afirma Rodríguez.

El general de brigada Franklin Pico, comandante de la Cuarta División del Ejército Amazonas, realizó hace dos semanas un recorrido por las unidades militares acantonadas en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

“Está empleado todo el personal en la frontera, tenemos cinco mil hombres patrullando, cumpliendo con las operaciones de control de armas, municiones y explosivos”, señala Pico.

En Sucumbíos han sido decomisados unos 20 fusiles de largo alcance y unas 10.000 municiones. “Los decomisos de este año son mayores a los del año anterior, se han activado estos grupos ilegales, pero nosotros no les vamos a permitir operar aquí”, enfatiza el general Pico. (I)