A pocas horas de que venza el plazo de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (Lotugs), para que los municipios del país actualicen los planes de usos de suelo, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza que define el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) y el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS). La normativa establece los parámetros de planificación de la capital para los siguientes doce años.

El segundo debate del proyecto de ordenanza se efectuó el 13 de septiembre durante seis horas. Todos los municipios debían aprobar su plan de uso y gestión del suelo el año pasado, pero a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19, de manera excepcional, se agregó más tiempo en la Ley de Ordenamiento Territorial, dando a los cantones el espacio de aprobar las correspondientes normativas hasta el 14 de septiembre de 2021. El no cumplimiento del plazo es una causal de remoción de los alcaldes y concejales.

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El secretario de Hábitat y Vivienda, Vladimir Tapia, resumió que el modelo de gestión de Quito es el de una ciudad compacta, policéntrica, que promueva la equidad territorial. “La ciudad de los 15 minutos”, donde los pobladores no deban recorrer largas distancias para acceder a servicios, equipamiento, trabajo, y demás actividades que no encuentran disponibles ni cerca a sus lugares de vivienda.

Tapia señaló que menos del 10 % del territorio del Distrito Metropolitano es urbano; sin embargo, el 72 % de la población de la ciudad habita en la zona urbana. “Necesitamos generar condiciones de habitabilidad, para que la gente viva con calidad. No podemos simplemente empaquetar a la gente”, dijo.

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La movilidad fue otro dato que destacó Tapia. Expuso que “una mínima fracción” de las personas en el Distrito posee automóvil privado, mientras que el 73 % de los viajes motorizados en Quito son por medio del transporte público.

En ese sentido, uno de los criterios de la planificación es que alrededor de los nudos de transporte público se densifique de una manera equilibrada y equitativa. Además, precisó Tapia, se privilegian los espacios para los peatones y se busca disminuir la carga vehicular.

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El proyecto de ordenanza también aborda lugares donde se reducen los niveles de edificabilidad o se crean lotes más grandes, para mitigar riesgos ambientales y reducir la densidad poblacional. El sector de Solanda, por ejemplo, no requiere de nuevas construcciones; al contrario, el barrio necesita empezar a bajar la edificabilidad, sostuvo Tapia.

Más allá de los aspectos urbanísticos y de desarrollo habitacional, el concejal Juan Carlos Fiallo anotó que el desarrollo del Distrito Metropolitano debe incorporar a los espacios y actividades de entretenimiento y esparcimiento.

“Pensemos que la ciudad no solamente pueden ser centros comerciales, vivienda. ¿Qué pasa con los teatros, con los museos, con las salas de convenciones, qué pasa con esos sitios donde la comunidad pueda desarrollar otro tipo de vida? (...) No solamente que le pongan en la agenda construcciones inmobiliarias”, comentó Fiallo.

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En el debate, la concejala Andrea Hidalgo llamó la atención sobre los inconvenientes surgidos en torno a la actividad minera en el sector de Tumbaco, en el nororiente de Quito, ubicado en una zona de protección ecológica. Resaltó que hay incompatibilidad del suelo y que la actividad no cuenta con permiso del Municipio, pero sí del Gobierno nacional.

“No es correcto que otras entidades, en este caso gubernamentales, entreguen un permiso que contraviene la zonificación y el uso de suelo (del Distrito) y que no es compatible de ninguna manera (...). La entidad gubernamental que otorgó el permiso vulnera el derecho de la ciudad de proteger esa planificación y generar zonas protegidas”, manifestó Hidalgo.

Una dura crítica de la ordenanza fue la edil Analía Ledesma, quien aseguró que los concejales quedaron en deuda con la ciudad y que el proyecto ha sido blanco de señalamientos de los habitantes. Los reparos de la concejal fueron, entre otros, hacia la implementación de los polígonos de turismo de las parroquias.

“Que esté solo centralizado. Que sea un turismo más extenso, más respetuoso, más verde, con más cultura, con más ciudad, con menos inmobiliarias... sin ánimo de ofender a las inmobiliarias”, dijo Ledesma.

Luego de analizar e incorporar varias observaciones de los concejales, cerca de las 22:00, a dos horas de que venza el plazo para actualizar el PUGS, el alcalde Jorge Yunda sometió el tema a votación. Los resultados fueron que 17 ediles votaron afirmativamente y 5 se abstuvieron. (I)