El Municipio de Quito ejecutó la primera demolición de una construcción considerada como ilegal en el lote A3-6, ubicado en la parroquia de Calderón, en el norte de la ciudad, este miércoles, 23 de octubre.
La intervención, que contó con la participación de un fuerte contingente de agentes municipales y personal militar, fue parte de un proceso de expropiación y sanción que culminó con el desalojo de los habitantes y la demolición de una edificación de 480 metros cuadrados, levantada en una zona de protección ecológica.
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Desde tempranas horas de la mañana, decenas de agentes del Municipio y del Ejército se apostaron en los alrededores del lote para iniciar la operación.
Las autoridades tomaron medidas para evitar enfrentamientos, pero la tensión fue inevitable. Los residentes de la zona, quienes han ocupado estos terrenos, mostraron resistencia, y en un momento de la jornada un grupo de ellos lanzó piedras a los efectivos que resguardaban la maquinaria destinada a la demolición.
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El barrio, ubicado en el extremo norte de la capital, ha sido objeto de controversia desde hace varios años debido a la proliferación de construcciones no reguladas.
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Vecinos del sector han señalado que durante la pandemia de COVID-19 el lote A3-6 fue invadido y muchas viviendas se construyeron sin permisos en terrenos designados como áreas verdes o de alto riesgo por parte del Municipio de Quito.
Según las autoridades, las invasiones aumentaron significativamente desde el 2020, aprovechando la falta de controles y el caos generado por la emergencia sanitaria.
En varias ocasiones, las autoridades intentaron desalojar a los habitantes del lote A3-6, pero los enfrentamientos con los residentes y las dificultades legales impidieron concretar las acciones.
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No fue hasta este 23 de octubre que se realizó la primera demolición, en un predio que ya presentaba grietas en sus paredes y pisos debido a la inestabilidad del terreno, el cual se encuentra junto a una quebrada.
El proceso, que culminó con la demolición, comenzó en julio de 2022, cuando la Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició un procedimiento sancionador. Según el Municipio, se siguieron todas las instancias legales y administrativas, obteniendo una orden judicial para la demolición en agosto de 2024.
Las autoridades municipales han señalado que esta acción marca un precedente en la lucha contra el tráfico de tierras y las invasiones ilegales en Quito. (I)