Los representantes de las distribuidoras de combustible del país se reunieron en Manta este viernes para solicitar acciones a favor de su sector al gobierno de Guillermo Lasso.

Entre los pedidos está que se reconozca un margen de comercialización que estaba incluido en el Decreto 883, que fue derogado tras las movilizaciones de octubre de 2019.

También piden que el Servicio de Rentas Internas (SRI) aclare a entidades públicas que no deben retener a las distribuidoras el impuesto al valor agregado (IVA).

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Los distribuidores piden ser escuchados, tras 18 años sin tener respuesta del Ejecutivo, dicen.

Ernesto Guerra, presidente de la Asociación de Distribuidores de Derivados de Petróleo de la provincia de Pichincha, indicó que el Gobierno debe escuchar en la toma de decisiones respecto a la comercialización de combustible a los distribuidores, de quienes dijo son la piedra angular en esta industria.

El dirigente señaló que una de las problemáticas que padecen es que algunas entidades como los gobiernos municipales retienen el IVA y no lo devuelven pese a que ellos asumen ese impuesto, por lo que solicitan que el SRI emita un comunicado urgente aclarando que los cabildos no deben retener ese impuesto.

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Otro tema que según Guerra también les perjudica es el sistema de contratación para dotar de servicios a entidades públicas, que cree que es direccionado e imposibilita que dueños de una o dos gasolineras puedan competir con las multinacionales distribuidoras de combustible, ya que para acceder a la entrega de crédito para la distribución de carburante, por ejemplo a favor del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en el contrato se indica que quienes deseen participar deben tener presencia en todas las provincias del país.

“Con esto nos están quitando la posibilidad de que un minorista pueda participar y solo está beneficiando a las grandes corporaciones. Queremos competir, y no es justo esto”, declaró Guerra.

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Aplicar focalización de subsidio a combustibles a través de tarjetas de débito y devolución vía SRI, entre las recomendaciones de sectores al Gobierno

Otro planteamiento que desean los distribuidores dejar en claro con el Gobierno nacional es lo concerniente al margen de utilidad. Leonardo Alvarado, presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Guayas, está convencido de que es urgente que se les reconozca el margen de utilidad.

“El presidente de la República, como un empresario que ha sido, ha manifestado claramente que una empresa si no es rentable para poder cubrir todos sus costos y generar una rentabilidad razonable para el propietario no es sustentable, y eso es lo que nos está sucediendo a nosotros, estamos tratando de mantener un negocio con recursos propios, con otros trabajos, pero que en definitiva si seguimos así nuestra situación se volverá muy crítica y tendríamos que dejar de comprar o cerrar las estaciones de servicio, alquilarlas o cederlas”, dijo Alvarado.

El representante de las distribuidoras de combustibles en Guayas agregó que comparte con el presidente el no derogar el decreto sobre los precios que se establecen mensualmente a los combustibles.

“Es un subsidio generalizado, no conveniente para la población ecuatoriana, para el ciudadano en general, porque no se benefician directamente los usuarios que requieren de este subsidio que es el transporte fundamentalmente, entonces en esas condiciones estamos de acuerdo con el presidente de la República en que se mantenga en esa posición de no derogar y que lleguemos hasta que logremos precios internacionales o ya los subsidios sean completamente eliminados en el país”, declaró Alvarado.

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Julio Hidalgo, presidente de la asociación de distribuidores de combustible de Manabí, indicó que es necesario que el Gobierno los visibilice y se lo empiece a reconocer, que se mantenga una línea de diálogo constante con las autoridades gubernamentales. (I)