Montecristi, MANABÍ

La audiencia de formulación de cargos en contra de quince oficiales de la Fuerza Aérea del Ecuador (FAE), quienes se encuentran como sospechosos del presunto delito de sabotaje por el daño del radar instalado en el cerro de Montecristi, fue diferida.

Esta decisión se adoptó tras conocerse antes de instalarse la audiencia que uno de los abogados recién este viernes había sido autorizado para la defensa de uno de los sindicados en este caso.

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La investigación por el presunto delito de sabotaje por el daño en el radar instalado en esa montaña manabita se inició el 7 de noviembre del 2021.

Carlos Piedra, fiscal del cantón Montecristi, tras escuchar el pedido de que un abogado no tenía conocimiento aún del proceso, solicitó a Vicente Pico, juez de la Unidad Multicompetente de Montecristi, el diferimiento de la audiencia de formulación de cargos.

Nikita Higuera es el abogado que este viernes recibió la autorización por parte de uno de los quince sindicados. Él hizo el pedido al fiscal Piedra para que se designe otra fecha para la audiencia.

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“Lo más curioso de este proceso penal que se presenta y se pretende iniciar y que estamos en investigación previa, es que a los señores del alto mando (de la FAE), como son los generales, no se los ha llamado a rendir versión…Fiscalía no los ha llamado, aquí se pretende acusar a río revuelto”, declaró Higuera.

César Vanegas, quien junto con Danilo Vanegas defiende a ocho sospechosos por el delito de sabotaje, indicó que el expediente tiene diez cuerpos y coincide con Higuera en que se debe llamar a realizar ciertas diligencias a varias autoridades por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), y que no se han presentado todavía, y que incluso podrían ser llamadas a través de la fuerza pública.

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Walter Barrera es abogado de varios oficiales de la FAE que aún no han sido llamados a formulación de cargos, pero que están dentro de un proceso en el que se podrían hacer extensivos los cargos contra ellos. Por ello observa y actúa dentro del proceso.

El jurista señaló que se deben tomar versiones a altos mandos e incluso a algunos que se han retirado.

“Qué pasaría si se da la formulación de cargos y se dan 90 días para la instrucción, simplemente no van a venir a declarar los que son responsables directos, aquellos que dieron las órdenes, el excomandante general (Geovanny) Espinel, estamos hablando del general (Antonio) Puga, que era el jefe de operaciones de la FAE, y estamos hablando del pagador de la FAE (no dio nombre), que fue nombrado para el proyecto, es decir, él tendrá que responder por todos los contratos que se hicieron, no la tropa”, señaló Barrera.

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Los familiares de los procesados, algunos con Biblia en mano, oraban y susurraban para que sus parientes no sean sancionados en un delito establecido en el artículo 345 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Ese artículo indica: “La persona que con el fin de trastornar el entorno económico del país o el orden público destruya instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro medio de transporte, bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados, depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a producción o al consumo nacional, vías u obras destinadas a la comunicación, o interrumpa u obstaculice la labor de los equipos de emergencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.

Ese artículo agrega que la pena será privativa de libertad de siete a diez años si se destruye infraestructura de los sectores estratégicos.

María Changotasig llegó desde Quito para estar cerca de su hijo, quien lleva 17 años en la FAE y del que dijo jamás habría tenido sanción dentro de sus actividades.

“Ellos son solo los peones y los principales no están aquí, ellos solo cumplen órdenes de cuidar y ahora están sufriendo porque no duermen, no comen y el problema se extiende a otros familiares”, dijo la madre.

Estela Quibantisa llegó a Montecristi desde la provincia de Tungurahua y pide que se haga justicia y no sean procesadas las quince personas señaladas en este supuesto delito. (I)