Desde este lunes se iniciará, en algunas entidades educativas, la implementación del nuevo acuerdo ministerial sobre medidas socioeducativas y disciplinarias.
Según el Ministerio de Educación, la disposición optimiza la gestión de conflictos para dar paso a soluciones efectivas. Resaltó que las autoridades educativas tienen ahora más facultades para actuar de forma inmediata. Agregó que se buscan respuestas rápidas ante faltas disciplinarias, menos trámites y más formación.
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Además, se refuerza la atención especializada en casos de acoso escolar o violencia. Estos procesos serán derivados con celeridad a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.
Delegación de facultades y faltas disciplinarias
El acuerdo, expedido por la ministra Gilda Alcívar, detalla que se delega a las máximas autoridades de los establecimientos educativos conocer y resolver directamente las faltas disciplinarias previstas en el artículo 211 de la Codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, excepto las faltas relacionadas con acoso escolar, violencia escolar, hostigamiento académico o situaciones donde esté involucrado el personal educativo o administrativo de la institución, cuya competencia será exclusivamente de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.
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Las autoridades institucionales estarán en la obligación de aplicar las medidas educativas disciplinarias para los estudiantes cuando se relacionen con ciertas faltas, cometer fraude o deshonestidad académica, alterar la paz, deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales, obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas o no tratar con respeto a los miembros de la comunidad educativa.
Perspectiva de expertos
Para Érika Laínez, exsubsecretaria de Educación, quien ha ejercido funciones de rectora y directora, con el acuerdo anterior las instituciones educativas habían perdido capacidad de respuesta, pues reportar casi cualquier falta a instancias superiores quitaba agilidad y desdibujaba el rol de la autoridad escolar.
“Creo que devolver la facultad resolutiva al rector es clave. Es quien conoce el contexto real de los estudiantes y puede actuar de forma rápida y coherente. No se trata de más poder, sino de más responsabilidad en el lugar correcto”, opinó.
Sobre el desafío de la mediación, sostuvo que valora que el acuerdo priorice el diálogo y la mediación antes que la sanción. Sin embargo, reveló que le preocupaba que no basta con tener la voluntad de mediar.
Si los departamentos de consejería estudiantil (DECE) y los docentes no reciben capacitación real en resolución de conflictos, considera que se corre el riesgo de que “no sancionar” se interprete como impunidad. Para ella, la comunidad educativa necesita ver que restaurar no significa dejar pasar.
La actualización del código de convivencia, explicó, dejó de ser un trámite y hoy es el respaldo legal de cada decisión que tomen los rectores. Si un procedimiento no está detallado bajo los nuevos lineamientos, cualquier medida socioeducativa puede ser impugnada por falta de debido proceso, por lo que recomendó actualizarlo a tiempo para proteger a los estudiantes, a los planteles y a la gestión directiva.
Laínez sostuvo que el acuerdo devuelve la confianza a las autoridades; no obstante, se debe capacitar a todos los miembros que van a ser parte de la resolución de conflictos por parte del Ministerio de Educación.
Enfoque restaurativo y aplicación municipal
David Andino, jefe de régimen escolar de la Secretaría de Educación del Municipio de Quito, mencionó que entienden que el conflicto no es un problema y, de hecho, recalcó que, a nivel normativo, faltan esas herramientas y estrategias para poder lograr una resolución pacífica.
Indicó que el enfoque restaurativo, formativo y preventivo se lo puede plantear ahora con la normativa legal que respalda el accionar de la autoridad. Esto se puede generar con mecanismos como la reflexión y la corresponsabilidad familiar.
El funcionario sostuvo que se busca generar espacios de mediación escolar, así como fortalecer capacidades en niños, niñas y adolescentes para la resolución de conflictos y, sobre todo, cómo puedan manejar momentos tensos sin caer en violencia.
Esto, a su criterio, va a ayudar a que los hechos de violencia o los casos de acoso escolar puedan disminuir con prevención.
Implementación y claves para la resolución
Tomando en cuenta el acuerdo ministerial, expresó que desde el lunes empezarán a conformar un ente de resolución de conflictos que debe tener cada institución educativa. En Quito existen 20 planteles donde hay unos 27.000 estudiantes municipales.
Esa dependencia debe estar conformada con el rector o un máximo delegado, que puede ser un vicerrector, el inspector general, con acompañamiento del Departamento de Consejería Estudiantil.
Destacó que se conformará con el personal de la institución educativa y un punto importante —mencionó— será el acompañamiento y la capacitación que harán como Secretaría de Educación, a través del fortalecimiento de capacidades en temas de resolución de conflictos y de sensibilización.
A nivel municipal, agregó, suelen presentarse desacuerdos en los planteles por el uso de canchas o el tener otro tipo de ideología, pero no se han dado casos de discriminación o xenofobia.
Para resolver conflictos debe haber puntos importantes, como la voluntariedad del alumno, la confidencialidad del caso para poder generar un acompañamiento, la neutralidad del profesor y el respeto al debido proceso, puntualizó. (I)