El Ministerio de Gobierno confirmó que aún no tiene fecha para el envío del proyecto de las reformas legales necesarias para superar la crisis carcelaria que atraviesa el país y que, en los últimos ataques violentos en la Penitenciaría del Litoral, ha ocasionado un total de 62 personas privadas de la libertad asesinadas.

Varias instituciones del Ejecutivo coordinan con instituciones de la Función Judicial y otros organismos para la construcción de la propuesta que luego será entregada a la Asamblea Nacional.

La elaboración del documento, que se denominaría Proyecto de Ley de Defensa Ciudadana, está a cargo del Ministerio de Gobierno, con el apoyo de la Procuraduría General del Estado (PGE) y la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría General Jurídica de la Presidencia y otras dependencias; además de juristas y criminólogos vinculados a la academia y al ejercicio del derecho penal.

Aunque, también, las instituciones que forman parte del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, como la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), también coordinan con otras entidades del eje de justicia, como la Fiscalía General del Estado, el resto de paquete de reformas en la misma línea de mejorar el sistema carcelario.

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Llamado del presidente Guillermo Lasso a la unidad nacional para lograr la paz social genera diferentes reacciones

El Ministerio de Gobierno informó que el 18 de noviembre realizó una primera reunión para identificar las líneas generales y ejes de la reforma, que se relacionan con:

  1. Institucionalidad de seguridad pública y rehabilitación social
  2. Uso progresivo y legítimo de la fuerza
  3. Reformas específicas al Código Orgánico Integral Penal sobre crimen organizado
  4. Inteligencia

Además, el 19 y 20 de noviembre, fechas de la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, se desarrolló un Taller Estratégico Binacional, con representantes de la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios colombianos, así como con el Ministerio de Gobierno, la SDH, la PGE, la FGE, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas (FF. AA.), el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) ecuatorianos, para compartir experiencias, discutir mejores prácticas de seguridad, situación carcelaria y política criminal, la normativa vigente y las posibles propuestas para perfeccionarla.

En tanto, el 8 de septiembre pasado se conformó una mesa interinstitucional entre la SDH, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la FGE, la Defensoría Pública y el SNAI que trabaja en reformas relacionadas con tres temas:

  1. Las funciones del organismo técnico (SNAI) y las atribuciones del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
  2. Reformas al COIP para incluir a instituciones que son parte del eje de justicia y seguridad en la conformación del Directorio del Organismo Técnico.
  3. Facilitar los requisitos para la obtención de los beneficios penitenciarios en lo que concierne al régimen semiabierto y abierto.

El proyecto para mejorar el Sistema de Rehabilitación Social incluirá al menos cuatro reformas legales

El anuncio del proyecto de reformas lo hizo el presidente Guillermo Lasso el pasado lunes 15 de noviembre por la noche, luego de la reunión que mantuvo con las autoridades de otras funciones del Estado para el “Acuerdo nacional por la crisis penitenciaria”.

Ahí mencionó reformas correspondientes a la autoría por dominio de organización, el uso progresivo de la fuerza y la reestructuración de las entidades públicas relacionadas con el Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

Horas después, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, manifestó que esta institución queda a la espera del proyecto anunciado por el Ejecutivo.

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Regulación del uso progresivo de la fuerza para policías y guías penitenciarios existe en el Código Penal desde el 2019

El experto en seguridad Fernando Carrión manifiesta que se requiere una reforma integral penal en el sentido de que “todos los caminos no conduzcan a la cárcel”, pues el problema del hacinamiento en gran medida se debe al COIP, y es necesario que no se abuse de la prisión preventiva y que muchos tipos penales sean resueltos con sanciones pecuniarias o trabajo comunitario; igual respecto de la suma de penas, señala Carrión.

Sobre la situación institucional, Carrión considera que deberían existir dos ministerios: uno de Gobierno, dedicado exclusivamente a la política, y otro ministerio que se dedique exclusivamente a la seguridad, en la que esté la Policía y las cárceles, manejadas por un viceministerio y desapareciendo el SNAI.

“Poner más sanciones a los líderes de estos grupos criminales no va a tener ningún efecto, porque en este tipo de hechos delictivos no opera lo que se define como ‘selección racional de la acción en función del costo que pueda tener’. Además, la mayoría de ellos están presos y lo que ocurre son dos cosas: un incremento de la pena será dos, diez años más, que para ellos les da exactamente lo mismo; y la otra cosa es que, si salen de la cárcel, su vida corre muchísimo peligro”, expresa Carrión.

En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Alejandro Jaramillo (ID), insiste en que no se requieren más reformas ni leyes, sino capacitación de los guías penitenciarios para que puedan realizar mejor su trabajo, ampliación de infraestructura y tecnología en los centros penitenciarios.

“Existen en demasía normas. El país y la ciudadanía no requieren más leyes, necesitan acciones por parte del Ejecutivo (...). Hay que mejorar el sistema penitenciario, y eso no se hace con normas, con presupuesto, con algunas acciones por parte del Ejecutivo”, señala.

Jaramillo no descarta realizar control político y fiscalización al Consejo de la Judicatura, porque “existe mucha corrupción en el sistema judicial”, con el fin de que jueces y fiscales apliquen de manera adecuada las normas ya existentes.

Tampoco se descarta instalar “mesas de justicia” con representantes de todas las instituciones públicas relacionadas con el tema. (I)