Con 11 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una moción presentada por el concejal Eduardo del Pozo para que rechace los pedidos hechos por el alcalde Jorge Yunda de que se recuse al concejal Santiago Guarderas, quien es además el vicealcalde, para integrar la Comisión de Mesa, que trata los pedidos de la ciudadanía para la remoción de Yunda.
Del Pozo sostuvo que el Código Orgánico Administrativo fue la normativa citada por Yunda para sus pedidos y, a su criterio, esa no era la norma que deba regir ese planteamiento y el Concejo no tenía la atribución constitucional o legal para resolver esas iniciativas.
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Por ello, Del Pozo planteó rechazar los pedidos de Yunda presentados el 28 y 29 de abril pasados.
Hay pedidos de renuncia para el alcalde capitalino, Jorge Yunda
Yunda argumentó que no busca obstaculizar los procesos de remoción en su contra sino que busca la independencia de quienes serán los juzgadores.
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Si el señor vicealcalde conforma la Comisión de Mesa donde van a evaluar los pedidos de mi remoción es evidente que hay un conflicto de intereses. Se convertiría en juez y parte. Apelo, exhorto, le solicito que pueda excusarse y que sea otro concejal..
Jorge Yunda, alcalde de Quito
La concejala Mónica Sandoval indicó que la Comisión de Mesa no resuelve nada y emitirá alguna recomendación que podrá o no ser acogida por el Concejo Metropolitano.
La Comisión de Mesa es la encargada de verificar que el pedido de remoción en contra de cualquier autoridad cumpla con las causales establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y que reciba las pruebas de cargo y descargo entre los denunciantes y el denunciado, respectivamente.
En la sesión hubo 20 concejales presentes, de ellos 11 se pronunciaron a favor y hubo 8 abstenciones.
Al menos tres pedidos se han presentado para la salida del cargo del alcalde de Quito, Jorge Yunda
Hasta el momento dos de tres pedidos de remoción en contra de Yunda han sido calificados por esa comisión.
Un tercer pedido será analizado en las próximas horas.
Además, el alcalde deberá enfrentar un llamado a juicio por un presunto peculado en la compra de pruebas para detectar coronavirus. (I)