Luego del anuncio por parte del Gobierno Nacional de retirar el cobro de la tasa de recolección de basura en 41 municipios del país a través de las planillas eléctricas, Quito entró en tensión.
"Esta decisión del Gobierno Nacional es un golpe más a Quito. Ya nos adeudan $ 141′000.000 (a municipios en general) y desde hace más de un año no hemos recibido respuesta sobre la ampliación del Metro ni sobre recursos para fortalecer la seguridad“, inició Pabel Muñoz, quien mocionó en el pleno del Concejo Metropolitano la creación de una resolución que garantice la continuidad del servicio hasta que se resuelva el problema con el Gobierno.
El debate se aprobó con 20 votos a favor para que la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo), en la voz de su gerente, Juan Pablo Pozo, garantice la operatividad de los recolectores mientras se procesa la acción de protección que impuso ante la justicia el alcalde Muñoz.
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"Aquí el Concejo Metropolitano, teniendo posiciones distintas, debería estar unificado defendiendo el interés de la capital de la República“, dijo Muñoz en su comparecencia de este martes, 21 de octubre.
La concejala Analía Ledesma también expuso la pérdida que significa para la ciudad el retiro del cobro de la tasa de recolección. Ella aseguró que se dejaría de recaudar cerca de $6′000.000 cada mes, lo que representa un riesgo para la salud pública y los derechos de los quiteños.
Finalmente, el concejal Diego Garrido cuestionó la falta de diálogo por parte de las autoridades nacionales, quienes, bajo su perspectiva, han complicado la planificación y generado interrupciones en las obras públicas. (I)
