Los concejales del correísmo Luis Reina, Blanca Paucar y Soledad Benítez, acompañados de Paulina Izurieta, de la alianza Izquierda Democrática – Vive, ingresaron este martes en la Contraloría General del Estado (CGE) una denuncia en contra del alcalde Santiago Guarderas por presunta participación en empresas creadas en paraísos fiscales.

Esto se da el mismo día que Guarderas anunció que la Contraloría habría archivado una primera denuncia en su contra, por el mismo tema.

El concejal Luis Reina señaló que tienen “nueva información sustentada” en la Superintendencia de Compañías en la que vincularía al alcalde con dos empresas. “Tenemos la información que Santiago Guarderas es socio de la compañía Coppa &Pi Inmobiliaria y que esta también tiene como accionista a Quevedo Ponce Corporated, de la que también es accionista”, puntualizó.

Enfatizó que los ediles piden la celeridad a la CGE para iniciar una investigación sobre el tema y que de ser comprobada sería incurso en una de las prohibiciones que establece la ley para ser candidato y para ejercer un cargo público.

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Por su parte, el alcalde Santiago Guarderas aseguró a este Diario que el 4 de junio de 2018 cedió sus acciones para presentarse como candidato a concejal por el Distrito Sur.

El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció que Contraloría archivó proceso por presunta participación en empresas ‘offshore’

Ante el anuncio que publicó el alcalde en su cuenta de Twitter, Reina dijo: “Nosotros no conocemos la sustentación del supuesto archivo de esa denuncia, a nuestro criterio disponemos de información oficial, nueva, por lo tanto, le corresponde a la CGE verificar y hacer su pronunciamiento”.

También negó que esta acción se trate de un revanchismo político, como consecuencia de la remoción de Jorge Yunda que no fue apoyada por tres de los cuatro ediles, ahora denunciantes.

Los ediles presentes en los exteriores de la Contraloría señalaron que el 15 de febrero se solicitó que el Concejo Metropolitano establezca una comisión de la verdad para apoyar al proceso de investigación, con el fin de que el alcalde, de manera directa, presente la información y pueda desmentir las acusaciones, la misma que no contó con la mayoría y no fue conformada.

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Según la concejala Soledad Benítez, el alcalde ha incumplido con la Ley Orgánica de Paraísos Fiscales, emitida en 2017, en la que se establece que las autoridades que van a ser sujetos de elección popular no tengan sus dineros en paraísos fiscales.

Finalmente, los ediles expresaron el pedido para que Santiago Guarderas dé un paso al costado. “Debería ser consecuente, él lo pidió en su momento a Yunda, por lo tanto, mientras no se tenga claridad sobre este proceso lo lógico sería que hiciera un paso al costado (…) Quien ha generado el caos institucional es Guarderas, él quiso estar de alcalde, por lo menos cumpla con los mínimos requisitos legales”, aseveró Benítez. (I)