El concejal Bernardo Abad publicó en sus redes sociales un video solicitando al alcalde de Quito, Jorge Yunda, que tome una licencia sin sueldo durante el tiempo que dure su situación jurídica. “Es decir hasta que los jueces ratifiquen su inocencia o declaren su culpabilidad”, dice el video. Esto, ante la vinculación en el caso de posible peculado en la compra irregular de pruebas COVID-19 para la capital. También solicitó la separación de los funcionarios de la Secretaría de Salud vinculados en este caso.
Desde la cuenta de Twitter de Jorge Yunda respondió este pedido con el siguiente mensaje: “Un tipo que le tuvieron que meter preso para que pague las pensiones de sus hijos no tiene moral para recomendar nada”.
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El concejal Fernando Morales, quien realizó la denuncia sobre presunto peculado en la adquisición de pruebas COVID-19, dijo que el alcalde Jorge Yunda debería “renunciar, dar un paso al costado y defenderse de manera independiente”. Aseguró que el alcalde no podrá manejar la gestión municipal al tener que presentarse los días lunes, miércoles y viernes en la Corte Provincial de Justicia.
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Por su parte, el concejal Juan Carlos Fiallos dijo que el alcalde debe tener un debido proceso de manera adecuada y que se defienda en libertad. Puntualizó que tiene representación popular, aunque tenga porcentaje de aceptación o no y que las funciones del Municipio de Quito y el Concejo Metropolitano tienen que seguir. “Todos tenemos en este país la presunción de inocencia y hasta que no se demuestre lo contrario una persona tiene que catalogarse como tal. Creo que debemos tener la tranquilidad para que dejemos que la justicia actúe y que las instituciones funcionen porque sino estaríamos acarreando una serie de problemas para la ciudad”, añadió.
La Comisión Nacional Anticorrupción también hizo un pedido a Yunda para que proceda a encargar de manera inmediata todas sus funciones municipales, mientras se esclarecen las inculpaciones que realizó Fiscalía General del Estado en su contra. En el comunicado piden también la celeridad y sanción ejemplar a quienes hubiesen utilizado inadecuadamente los recursos públicos. (I)