El concejal Wilson Merino inició un proceso de fiscalización contra el funcionario municipal Mateo F. por presuntamente influir en movilizaciones dentro de la ciudad en el contexto del paro nacional y por enviar constantes mensajes amenazantes desde el 2024.
Merino añadió que en el documento despachado a la directora ejecutiva de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), entidad municipal donde labora el señalado, se pidió información sobre la acción personal del servidor y el informe de actividades desde los días 12 al 24 de septiembre del 2025, en donde conste:
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- Horario de ingreso y salida de la jornada laboral.
- Informe de actividades realizadas por el servidor en el periodo requerido.
- La autorización de comisión de servicios en el caso de haberse otorgado.
- Vacaciones, viáticos, subsistencias, dietas, horas suplementarias y extraordinarias, en el caso de que el funcionario hubiese solicitado.
Las pruebas que usó el concejal para emitir dicho pedido de información y posterior denuncia fueron un post de Mateo F. haciendo alusión al paro nacional de octubre del 2019, en el que ubicó una foto de los manifestantes con un post que reza: ‘Septiembre huele a octubre’, junto con el hashtag #NosGobiernanDelincuentes.
Según Merino, el actual asesor de la UBA publicó este mensaje la mañana del 24 de septiembre y luego lo borró, ya que en su cuenta de X (antes Twitter) no existe señal alguna de su comentario.
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Él explicó que ha recibido mensajes amenazantes y, en algunos casos, los textos se han intensificado, produciendo intimidación contra su vida.
Incluso, mientras asistía a una audiencia en contra de su asesora jurídica por el caso Estadio Olímpico Atahualpa, un aviso de bomba hizo que las personas tuvieran que evacuar el edificio donde se estaba llevando a cabo el proceso.
“No es un tema aislado, sino todo esto es parte de todo un ambiente hostil, de violencia, de incitación al odio y de estigmatización“, sostuvo Merino.
Asimismo, mencionó que en el contexto de estado de excepción y de paro nacional, es inadmisible que un funcionario público tenga este tipo de actitudes, más allá de su tendencia política.
“Esto no es casual, se ha venido dando reiterativamente, hemos decidido empezar con un proceso de fiscalización amparado en el artículo 226 y hemos hecho un requerimiento de información detallada sobre la característica del contrato que tiene este funcionario", continuó.
El objetivo será que en siete días se entregue la información pertinente para impulsar una denuncia que caiga en las autoridades competentes.
“Incluso ha hecho declaraciones contra la Policía que ha estado precautelando mi integridad. Es un tema que ha pasado sus límites, por lo que cuando tengamos los documentos lo procesaremos y entregaremos un informe al Concejo Metropolitano y las diferentes entidades que podrían estar involucradas en este tema", sostuvo Merino.
Este Diario solicitó una entrevista con el funcionario en cuestión, pero desde la UBA mencionaron que ellos deben responder a la solicitud del concejal denunciante, pero lo harán en su momento. (I)