El informe de la Asamblea Nacional en el que sugiere terminar por adelantado el contrato de implementación de radares entre la Empresa de Movilidad (EMOV) y un consorcio privado, por encontrar varias inconsistencias, no preocupa a las autoridades de la Municipalidad de Cuenca.
En el cabildo consideran que los documentos encontrados sustentan una campaña electoral en contra del actual alcalde, Pedro Palacios, que quiere ser reelecto en los comicios seccionales del próximo 5 de febrero.
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El acuerdo aprobado por la Comisión de Fiscalización es sobre el contrato firmado en febrero del 2022 entre la EMOV y el consorcio Móvil Technology Ecuador para instalar 32 fotocontroles en 16 intersecciones urbanas de la ciudad.
El grupo privado tendrá doce años de ingresos y se beneficiará con el 40 % del dinero de las multas recaudadas, refirió el legislador Bruno Segovia.
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En un documento de 134 páginas, dicho asambleísta sustentó su investigación en algunos temas que, desde su perspectiva, no son transparentes.
Uno de estos incluye una diferencia de $ 2′532.080 en la inversión inicial realizada por la EMOV para adquirir los equipos, puesto que en primera instancia la empresa pública invirtió $ 3′300.000 en ellos, pero en una cotización solicitada por la comisión de equipos con las mismas características los ofrecieron por $ 767.920.
Otro de los cuestionamientos que presentó el legislador es una triangulación de compra realizada por el inversor privado, en donde él mismo compra los equipos a una empresa turca del que él es representante en el país.
Al traerlos directamente desde el país asiático el precio de la compra fue de $ 31.325, pero al importarlos de Estados Unidos el valor total fue de $ 57.785,46, es decir, hubo $ 26.460,46 adicionales.
Un elemento adicional expuesto en el informe es el margen de ganancia que tendría el grupo privado durante los doce años de contrato, en el que reciben el 40 % de lo recaudado.
Según las proyecciones realizadas, el ingreso anual por multas generadas de lunes a domingo durante las 24 horas del día sería de $ 853′887.191,04, de las cuales el “aliado estratégico” se llevaría 334′262.876,42, lo que a su criterio es un negocio redondo.
Por este y otros elementos, Segovia insistió en que a este contrato firmado en febrero pasado durante la administración municipal del hoy candidato a la reelección Pedro Palacios debería darse de baja de manera inmediata, aunque tiene claro que lo aprobado en la comisión no es vinculante.
Pero para el alcalde (e) de Cuenca, Pablo Burbano (afín políticamente a Palacios), eso es simplemente una “sugerencia que además nadie le ha pedido y qué extraño que la hagan a dos semanas de terminar la campaña”.
El funcionario sostuvo que la situación los tiene sin cuidado, más cuando esperan que sean los organismos de control público como la Contraloría General del Estado los que se pronuncien.
En este mismo sentido el asambleísta Bruno Segovia advirtió que en las próximas horas denunciará en la Fiscalía General del Estado para que tome cartas en el asunto.
Contrato de fotorradares tiene reparos de ciudadanos en Cuenca; Contraloría emitió observaciones
Además, descartó que se trate de algo político porque el movimiento al que pertenece, el denominado Somos Agua (liderado por Yaku Pérez), no apoya a ningún postulante a la Alcaldía de Cuenca o Prefectura del Azuay.
En tanto que en la coyuntura política local hay algunos candidatos que han ofrecido dar de baja al contrato en caso de llegar al poder. (I)