La detención del alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo Cabrera, por presunto delito de peculado tuvo una particularidad. Cuando la Policía le consultó cómo quisiera ser tratado, el funcionario respondió que “como mujer”.
Ocurrió después de que los agentes ingresaron a la vivienda para aprehenderlo y estaban legalizando la detención con la corroboración de datos. En un video que circuló, un agente menciona al alcalde que su cédula indica que su sexo está como mujer y le pregunta si desea ser tratado como varón o como mujer.
El alcalde, quien es activista LGBTI, respondió que quiere ser tratado “como mujer”.
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Abogados han señalado que esto podría ser un intento para obtener un trato diferenciado por su condición.
Tras conocerse la condición esgrimida por el alcalde durante su detención, las organizaciones Asociación Silueta X, Asociación Transmasculinos Ecuador, Plataforma Nacional Resolución Trans y Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ expresaron su preocupación ante la detección de “posibles usos oportunistas de la normativa ecuatoriana sobre cambio de género” en el Registro Civil.
A más del caso del alcalde de Pujilí, los colectivos aluden a un proceso del 2023, en el que un hombre cisgénero y heterosexual cambió su género a femenino en el Registro Civil de Azuay para buscar ventajas legales en una disputa de custodia de sus hijas.
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“Estos casos plantean serias interrogantes sobre la aplicación parcial y potencialmente corrupta de las políticas registrales, así como sobre el respeto a los derechos de la comunidad trans, para quienes esta ley fue diseñada”, según los colectivos.
Los colectivos observan que, durante la aprehensión del alcalde de Pujilí, se evidencia que su cédula registra su género como femenino, mientras conserva su nombre legal como José Arroyo, sin indicios de transición de género desde 2024 ni una autoidentificación previa como persona trans.
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“Este cambio de género, posterior al inicio de las investigaciones, ha generado sospechas sobre su intención, especialmente considerando que Arroyo ha declarado públicamente ser gay y no trans”, señalan los colectivos.
Recuerdan que la ley ecuatoriana, desde la reforma de 2015, permite el cambio opcional de género en la cédula de identidad, reemplazando la mención de “sexo” por “género”, como una conquista de sus luchas para reconocer la diversidad sexogenérica.
Esta normativa, respaldada por la Constitución de 2008 (art. 11, inciso 2) y fallos de la Corte Constitucional, no exige requisitos médicos ni psicológicos, pues se basa en el principio de libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, el cambio de nombre, cuando acompaña al cambio de género, es un procedimiento administrativo complementario que debe solicitarse por separado, pero que se considera un derecho inherente para las personas trans que buscan alinear su identidad legal con su autopercepción, explican los colectivos.
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Según estas organizaciones, el caso de Arroyo y el otro que fue público en 2023 revela que se solicitó únicamente el cambio de género y/o sexo, omitiendo el cambio de nombre, lo cual contrasta con las prácticas habituales de las personas trans.
“Esto sugiere una posible parcialidad o corrupción interna en el Registro Civil, donde funcionarios podrían estar facilitando cambios selectivos para fines no contemplados por la ley, vulnerando su espíritu original”, refirieron.
Los colectivos alertan de que, en este caso, pudo existir un uso oportunista de la norma. Consideran que Arroyo, al no identificarse como trans, parece haber utilizado el cambio de género como estrategia legal en contextos de disputa (corrupción y custodia, respectivamente).
“Esto desvirtúa la finalidad de la ley, diseñada para proteger la identidad de género de personas trans, no para resolver conflictos personales de individuos cisgénero”, indican.
Ante este episodio, los colectivos pidieron una investigación transparente por parte de la Dirección Nacional del Registro Civil sobre los procedimientos de cambio de género de José Arroyo y del otro caso registrado en 2023.
Durante este día, la Fiscalía reinstaló la audiencia de formulación de cargos contra 17 personas –incluido el alcalde de Pujilí– por presunto peculado.
Un grupo de concejales había observado presuntas irregularidades desde el año pasado.
En ese cantón de Cotopaxi se pedía investigar una serie de obras que, al parecer, presentaban irregularidades. Los concejales opositores cuestionaron el accionar de José Alcides Arroyo.
Uno de los señalamientos era que se ejecutaron obras con donaciones, pero no se conocía quiénes eran los auspiciantes. El alcalde aducía que se trataba de donantes anónimos y no proporcionaba los datos.
En Pujilí se señalaba que la Alcaldía abrió procesos de contratación para obras que ya estaban hechas, como la siembra de palmeras, la repotenciación de áreas verdes y la colocación de adoquines. (I)
