La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este lunes al Estado ecuatoriano a reforzar la protección de las personas operadoras de justicia después de que el pasado jueves fuese asesinado a tiros un juez tras dejar a su hijo en el colegio, en la provincia costera de Manabí.

“La CIDH condena el asesinato del juez Marcos Mendoza, ocurrido el 16 de octubre en Manabí. El ataque contra el juez Mendoza se suma a otros atentados contra personas operadoras de justicia que atentan contra la independencia de la Función Judicial”, señaló en un comunicado.

La Comisión “urge al Estado a reforzar la protección de quien procura e imparte justicia, e investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la violencia en su contra”, añadió.

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El juez Mendoza fue atacado a tiros por un hombre que iba a bordo de una motocicleta alrededor de las 07:00 hora local (12:00 GMT), cerca de la unidad educativa donde estudia su hijo, ubicada en el municipio de Montecristi, provincia de Manabí, una de las más afectadas por la violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Su nombre había salido a la luz meses atrás, después de que el ministro del Interior, John Reimberg, denunciase que Mendoza había intentado comunicarse con él en medio de las indagaciones relacionadas con el caso denominado como ‘Blanqueo Fito’.

En esa causa, la Fiscalía investiga por un presunto lavado de activos a la familia del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (alias Fito), líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua del país andino, y quien fue extraditado hace unos meses a Estados Unidos por varios delitos.

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La CIDH señaló este lunes que los Estados “tienen la obligación de asegurar la independencia de las personas operadoras de justicia, protegerlas, garantizar su seguridad y asegurar que puedan trabajar en un ambiente libre de amenazas, hostigamientos y actos de intimidación, para el libre ejercicio de la Función Judicial”.

Manabí es una de las provincias que está bajo un estado de excepción por los altos índices de violencia que el Gobierno atribuye a las bandas del crimen organizado, a quienes las ha denominado como “terroristas” en el marco del “conflicto armado interno” que declaró en 2024 el presidente Daniel Noboa para combatir a los grupos delictivos.

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Pese a esas medidas, la violencia se ha agudizado este 2025 en Ecuador, ya que en el primer semestre de este año el país registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 casos. (I)