La tarde de este martes, 29 de agosto, una jueza sentenció a tres años de cárcel a una mujer por encontrarla culpable del asesinato de Spayk, un perro de raza husky siberiano que murió al ser colgado con una soga, en el sur de Quito.

El hecho se registró el 17 de noviembre de 2022, el animal que fue encargado en la casa de unos familiares de los dueños salió de un domicilio y minutos más tarde fue colgado por María C., quien ahora ha sido encontrada culpable de este delito.

Marianella Irigoyen, abogada del caso Spayk y coordinadora de la Organización Animal Libre, señaló que la audiencia fue larga y que a la jueza le llevó aproximadamente tres horas dar la sentencia de cárcel. Puntualizó que hoy fue la práctica de las pruebas y se pudo demostrar el cometimiento del hecho.

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“Es una sentencia histórica a nivel nacional, porque es la primera vez que una persona que mata a un animal va a cumplir cárcel”, agregó.

Irigoyen también indicó que la jueza dictó como medidas reparatorias que la mujer reciba terapia psicológica por antecedentes violentos.

También identificó que en el caso de animales la ley no dice cómo se debe actuar legalmente en el levantamiento de un cadáver. En el caso de Spayk lo realizaron agentes de la Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Unidad de Bienestar Animal (UBA), pero se solicitó un informe de necropsia a una institución privada, a una especialista de un centro de estudios.

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En esta sentencia también se oficiaría al Concejo Metropolitano de Quito solventar el vacío legal para que exista un procedimiento legal correcto, en los casos de presunto asesinato de animales de compañía.

El delito por el que fue sentenciada la mujer está establecido en el artículo 250.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que dice: “La persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

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Por otro lado, la defensa de la parte demandada habría interpuesto un recurso de suspensión de la sentencia. Sobre esto, Irigoyen añadió que es lo que le quedaba a la defensa legal y que prevé que en 15 días se llame a los involucrados para resolver ese recurso, pero indicó que eso no impide que la sentencia se mantenga en firme. (I)