El fallo sobre la demanda de Paola Roldán, quien a través de sus abogados pidió declarar la inconstitucionalidad condicionada de un artículo del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se refiere al homicidio simple y se sanciona con prisión de entre 10 y 13 años, genera opiniones diversas entre abogados constitucionalistas.

Roldán, de 42 años, padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un mal neuromotor que degenera paulatinamente los músculos del cuerpo de las personas e impide controlar el movimiento de todas las extremidades.

Caso Paola Roldán: Corte Constitucional aprueba su demanda sobre eutanasia

En 2023 puso un escrito en la Corte Constitucional para exponer su caso y que se trate la despenalización de la eutanasia. La causa fue admitida a trámite y este miércoles, 7 de febrero, obtuvo la respuesta esperada.

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En el fallo, la Corte declara la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP. De tal forma que se determina que dicho artículo será constitucional siempre y cuando no sea sancionado el médico que ejecute la conducta tipificada en el artículo 144 del COIP en el supuesto en el que una persona, expresando su consentimiento inequívoco, libre e informado (o a través de su representante cuando no pueda expresarlo), solicite acceder a un procedimiento de eutanasia activa; por el padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable.

El constitucionalista André Benavides califica como “un hito en derechos humanos” la decisión de la Corte. Afirma que esto allana el camino para debatir más sobre la progresión de derechos en el Ecuador.

“La Corte Constitucional da una salida, da una alternativa para aquellos pacientes y familias en las que existe alguien que está padeciendo una enfermedad grave y que es incurable. Con esto, la Corte permite, da la opción de una muerte digna”, manifiesta.

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Para Benavides, el siguiente paso es cumplir con el tiempo establecido para que el Ministerio de Salud emita el reglamento correspondiente. Se determinó que sean dos meses.

Algo adicional, señala el constitucionalista, es que la Corte dejó por fuera lo relativo a material no penal, lo civil y de seguros. En ese sentido, cita, que hay aspectos como la muerte de una persona que está debiendo una deuda o si la causal de suicidio asistido (eutanasia) te aplica o no para un seguro de vida.

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Paola Roldán padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“Hay otros temas que hay que debatir de manera profunda, sobre todo en los de carácter no penal”, afirma.

Por su parte, Ismael Quintana, quien también es abogado constitucionalista, señala que está parcialmente de acuerdo con la decisión anunciada este miércoles, 7 de febrero.

“Parcialmente de acuerdo con la decisión de la Corte en el tema de la eutanasia, siempre y cuando se la practique respecto de personas que voluntariamente puedan presentar su consentimiento y que conscientemente puedan informarse de los efectos del procedimiento”, manifiesta.

‘Mi cuerpo comenzó a rechazar la comida intravenosa, así que voy 17 días viviendo a punta de sueros. No sé cuánto me quede en esta lenta agonía’, dice Paola Roldán

Para Quintana le resulta un poco preocupante el caso de aquellas personas que no pueden presentar o prestar su consentimiento libre y requieran de terceros, como los menores de edad.

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“La Corte no veo que aborda a profundidad eso. Si la decisión pasa por un asunto de libertad individual y de vida digna, que son los derechos que se reivindican en el fallo, en el caso de aquellos que no pueden presentar un consentimiento, ¿cómo es que un tercero decide sobre la vida de otro?”, señala.

En ese sentido, Quintana reconoce que la Corte debería profundizar ese punto y que debe existir una ley que establezca las condiciones, requisitos, procedimiento, maneras de manifestar el consentimiento. Asimismo, se detalle en qué casos de personas que no pueden expresar directamente su consentimiento es posible aplicar a este procedimiento.

Aclaró, además, que con este fallo no se está dando paso a la legalidad del homicidio simple, pues este continúa siendo un delito. (I)