El proceso legal que se lleva por la construcción de un puente desnivel en la avenida del Bombero, en Los Ceibos, ahora está en una nueva etapa: demostrar que el Municipio de Guayaquil ‘no mintió’ en la documentación que presentó a la Prefectura del Guayas.
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, explicó que parte de las alegaciones del Ministerio del Ambiente es que se ha entregado información aparentemente falsa, adulterada, por parte del Municipio de Guayaquil.
“Es responsabilidad del Municipio de Guayaquil demostrar que no mintió en los hechos, en los fundamentos, que permitieron que la Prefectura del Guayas emita un registro ambiental”, explicó Aguiñaga.
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Añadió que de allí si el Ministerio del Ambiente no logra probar que hubo falsedad en la información que se nos entregó y el Municipio logra demostrar que actuó apegado a la ley y no entregó información adulterada o falseada, se levantará la medida que se ha puesto en este momento, explicó la funcionaria.
Ella añadió que no se ha revocado ningún permiso ambiental, el permiso ambiental está vigente y lo que hay es una suspensión del inicio de la obra por el proceso que se ha abierto debido a inconsistencias en la documentación municipal.
Aguiñaga agregó que incluso la autoridad ambiental solicitó que se inicie con la demanda penal por la presentación de esa información aparentemente falsa y técnicamente no probada.
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“Nos piden mediante oficio, el Viceministerio del Ambiente, que procedamos a la presentación de la denuncia penal de rigor en contra de las autoridades municipales”, explicó.
Agregó que se ha empezado por el proceso de rigor y que luego si es necesario se llegará a otras instancias.
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“Si creemos que existe duda del posible cometimiento de un delito penal, pues toda autoridad está en su deber de hacer conocer a las autoridades judiciales”, detalló.
Los documentos que serían falsos son unas inconsistencias en las actividades que se subieron al sistema SUIA (Sistema Único de Información Ambiental) que fueron diferentes a las que en realidad realizaron.
El Municipio tiene diez días laborales para presentar sus pruebas ante esta observación.
La prefecta ratificó que no desea pelear con nadie, que esas acciones no suman ni restan.
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“No voy a ceder a chantajes emocionales ni inmadureces de nadie, peor a presiones institucionales”, dijo Marcela Aguiñaga.
Agregó que actualmente el Municipio no se está defendiendo en derecho y que hace de vocería a personas que desconocen del derecho ambiental. (I)
