Audiencia de revocatoria de medidas cautelares será decisiva para la situación de Yunda

La permanencia de Jorge Yunda en el cabildo capitalino depende de lo que resuelva la jueza Grimanesa Erazo con respecto al pedido de revocatoria de las medidas cautelares que fueron otorgadas a favor de Yunda el 7 de julio por el suspendido juez Carlos Soto y que detuvieron la remoción. La causa fue convocada para las 16:00 del lunes 19 de julio , que se realizará, de manera presencial, en la sala 803 de la Unidad Judicial Civil, ubicada en el Complejo Judicial Norte.Sin embargo, la diligencia podría posponerse por unos días y dilatar aún más la tensa situación que vive el Municipio de Quito. La tarde del viernes 16 de julio Yunda solicitó reagendar la audiencia , debido a que el lunes por la mañana su abogado, David Meza, debe participar en una causa penal que fue agendada el 16 de junio y en la que existen siete procesados.El alcalde se refugió en esto y justificó que , al haber varias personas involucradas en el caso penal que atiende su defensor, “resultará imposible que pueda comparecer (Meza)” a la apelación de las medidas cautelares. Hasta el momento no ha habido una respuesta a la petición. El abogado constitucionalista André Benavides cree probable que la jueza Erazo acoja la solicitud en vista de que las dos causas se juntarían.La revocatoria fue planteada por concejales liderados por el vicealcalde Santiago Guarderas con el propósito de deshacer las medidas otorgadas por el juez Soto, puesto que frenaron temporalmente la remoción de Yunda, aprobada el 3 de junio por el Concejo Metropolitano, e impiden ejecutar la posesión de Guarderas como alcalde, hasta cuando la Corte Provincial se pronuncie por la acción de protección de Yunda.Para el constitucionalista Benavides, así como para los concejales Juan Manuel Carrión (Concertación) y Brith Vaca (Compromiso Social), dadas las circunstancias irregulares que ensombrecen el proceso -por las cuales el juez Soto fue suspendido y es investigado por la Fiscalía- se espera que la jueza Erazo dé la razón a la apelación de los ediles.Si esto pasa, los tres coinciden en que a Yunda no le queda más que, finalmente, liberar a la Alcaldía y dejar que Guarderas asuma la administración de la ciudad.“Las medidas cautelares tienen vicios en el procedimiento que han sido señalados por el Consejo de la Judicatura. Yunda ya no es alcalde de Quito, porque existe una sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ratificó el proceso de remoción ejecutado por el Concejo”, reitera Benavides y agrega que si la jueza acepta la revocatoria, lo siguiente que deberá suceder es que se convoque a una sesión del Concejo Metropolitano para posesionar a Guarderas. Yunda podrá plantear otros recursos, pero fuera del Municipio.Benavides cita la Ley de Garantías Jurisdiccionales para describir que las medidas concedidas por el juez Soto no tendrían validez.Según el artículo 27 de esa ley, las medidas cautelares no procederán cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias, cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales o cuando se interpongan en la acción extraordinaria de protección de derechos.Vaca insiste en que “se evidencia un abuso del derecho” e irregularidades en el uso de los recursos constitucionales. “Con todo esto lo que se busca es generar caos, generar presión o intimidación. Yunda dice que es una autoridad elegida en las urnas, igual nosotros (los concejales), entonces ¿a quién tenemos que respetar? Al Tribunal Contencioso Electoral, máxima autoridad para impartir justicia en temas electorales. Él (Yunda) se contradice ”, cuestionó la concejala.En caso de que las medidas no sean revocadas, estas continuarán en vigencia hasta que exista un dictamen de segunda instancia de la Corte Provincial. Frente a esta posibilidad, el concejal Carrión menciona que si no se eliminan las medidas los ediles analizarán qué nuevas acciones pueden emprender. De ninguna manera, dice, se puede asumir que Yunda administra la urbe. “Él nunca la administró. Durante dos años él estuvo completamente ausente de la gestión que le correspondía”, comenta Carrión. Yunda, por su parte, ha sido reiterativo en asegurar que se han vulnerado sus derechos. Que no se aferra al cargo, sino que defiende el voto que recibió en las urnas. Que detrás de su remoción hay intereses particulares, especialmente de Santiago Guarderas. Y, en más de una ocasión, ha dicho que si la justicia falla en su contra no tendrá problema en retirarse del cabildo y retomar sus actividades privadas. Eso sí, advierte, no dejará de insistir en instancias internacionales.Según el Consejo de la Judicatura, la acción de protección -que atendió la jueza Domínguez- se presentó como una causa de violencia y no como de garantías jurisdiccionales. Con ello, se redujeron de 215 a 4 los jueces que podrían conocer el caso.En cuanto a las medidas cautelares -procesadas por el juez Soto- , la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, señaló que no se registró un sorteo, sino que hubo una asignación directa. Además, el caso se ingresó como cobro de honorarios y se resolvió de manera favorable al cabo de tres horas.El pasado 14 de julio, la presidenta de la Judicatura dispuso a los 24 directores provinciales de la entidad que realicen una auditoría interna del procedimiento de sorteo de causas. (I)

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