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Michael M. fue condenado por un juez de la provincia de Los Ríos. Foto: Fiscalía General del Estado

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Michael M. fue condenado a diez años de pena privativa de libertad por un tribunal de Los Ríos. A él se lo acusó de cometer abuso sexual contra su sobrino de 5 años.

El hecho tuvo su origen en pandemia. La madre del niño realizaba sus actividades laborales en Guayaquil. Como era complejo andar con un menor de edad, ella lo dejó al cuidado de su abuela materna, quien vivía en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos.

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La abuela del niño no vivía sola, en su vivienda era acompañada por Michael M., hermano de la madre del menor violentado. Este habría aprovechado el espacio reducido de la casa donde pernoctaban para consumar el delito.

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En un informe, que se expuso dentro de la sala de audiencia de formulación de cargo, se conoció que Michael M. aprovechó que dormía en la misma cama de su sobrino para cometer el delito.

En el mismo documento expuesto se conoció que la víctima, a pesar de su malestar, comunicó sobre el suceso semanas después. Acto seguido, la madre del menor puso la denuncia en Fiscalía para que se haga justicia.

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El proceso penal en contra del agresor no se dio de inmediato, puesto que Fiscalía tuvo que ejecutar varias pericias para determinar la participación de Michael M. dentro del caso.

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El fiscal fue quien determinó la culpabilidad de Michael M.

Esta decisión se dio luego que el informe médico legista llegase a manos del juez. Después de esto, el magistrado escuchó el relato del hecho en el que estuvo involucrado el menor. Eso, más el resultado de la prueba psicológica, fue suficiente para que el juez emita su sentencia.

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La documentación y pericias expuestas en la sala fueron calificadas como concordantes y creíbles.

Por todo esto, y basado en la ley, el juez sustentó su veredicto en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal, COIP. Este inciso menciona que el delito de abuso sexual sanciona con pena privativa de libertad de siete a diez años cuando la víctima es menor de 6 años.

El juez que lleva el caso impondrá una multa y la reparación integral para la víctima. Los valores serán detallados en la sentencia escrita, señaló Fiscalía. (I)

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