Amnistía Internacional, organización de derechos humanos, presentó un informe que recoge casos de vulneraciones de derechos en el contexto del conflicto interno armado en Ecuador.
El informe titulado ‘Son militares, yo lo vi’, recoge los casos de 10 personas desaparecidos en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas, en el 2024.
La presentación del informe se dio por parte de representantes de Amnistía Internacional.
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Amnistía Internacional, que opera en más de 150 países, expuso que Fiscalía de Ecuador informó que tiene 43 denuncias abiertas por posible desaparición forzada. Para Amnistía, esta cifra podría ser un subregistro.
A su vez, el Comité Permanente por la Protección de los Derechos Humanos (CDH) registra al menos 33 casos de este tipo en la Costa.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expuso que la organización revisó cinco casos con diez desaparecidos, se verificó evidencia documental, además de videos de esas situaciones y además tomó contacto con familiares de los desaparecidos y organizaciones que lo acompañan. Todos eran personas jóvenes e incluso niños.
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Los casos analizados:
- Cirilo Minota, de 35 años, detenido el 4 de abril de 2024 en Esmeraldas.
- Dave Loor, de 20 años, y Juan Santillán, de 27, aprehendidos en Ventanas, en Los Ríos, el 26 de agosto de 2024.
- Jostin Álvarez, de 17 años, y Jairo Tapia, de 16, retenidos durante un allanamiento en Babahoyo, el 3 de septiembre de 2024.
- Dalton Ruiz, de 34 años, en un control de Pimocha, en Babahoyo, el 20 de octubre de 2024.
- Los cuatro menores Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo fueron retenidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil, en diciembre anterior. Luego fueron abandonados en Taura. Días después fueron hallados sin vida en un río de la zona.
En estos casos, la representante de Amnistía expuso que se cumple tres parámetros de la desaparición forzada: la privación de la libertad, participación de agentes estatales, en base a evidencias, y la negación de autoridades a reconocer la detención o informar del paradero de las víctimas.
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“Esto se ve agravado por las enormes barreras que están enfrentando los familiares para buscar a sus seres queridos y para conseguir justicia”, expuso la representante, quien expuso que los familiares son los que inicialmente buscan a sus allegados.
Además, detalló que se ha detectado que no hay una acción activa por la búsqueda ni en primera instancia les han recibido una denuncia. “Las investigaciones han sido extremadamente lentas, se realizan diligencias investigativas tan tardias que pierden sentido, se llega al lugar de los hechos semanas o meses después cuando ya todo cambió...”, expuso.
Sobre la puesta de militares para atender estados de excepción y el conflicto interno armado, Amnistía expuso que esta estrategia ha abierto puerta a violaciones de derechos humanos y coloca a personas en riesgo.
Por ello, planteó una serie de medidas, entre esas revertir la militarización de seguridad pública y situar los derechos humanos en el centro de las políticas de seguridad, garantizar las investigaciones inmediatas, asegurar la cooperación de FF.AA con autoridades judiciales, proteger a las familias de las víctimas y garantizar las medidas de reparación integral, además de permitir mecanismos internacionales de derechos para dar asistencia técnica a la Fiscalía en investigaciones de desapariciones forzadas.
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“El Estado tiene el deber de buscar a las personas desaparecidas y asegurar que se haga justicia, los familiares tienen derecho a buscar a sus familiares, los familiares tienen derecho a participar de la búsqueda llevada adelante por el Estado, el Estado tiene el deber de darles la protección que requieren en el marco de su labor de búsqueda”, detalló la representante de Amnistía Internacional. (I)
