Quevedo, Los Ríos

Diez locales fueron suspendidos en la plazoleta de comida asentada en un terreno de 190 metros cuadrados, en Quevedo, en torno al cual hay un litigio entre el dueño de esta extensión del lote y el Municipio. La medida se dio este jueves luego de la inspección que realizara la jueza que lleva el caso de supuesta vulneración de derechos.

En esta causa habría un supuesto desacato del alcalde de Quevedo, John Salcedo, y el síndico del Municipio, Tirson Mosquera, ante un amparo constitucional que fue dictaminado por la autoridad, el 4 de junio, por la supuesta invasión de terrenos privados ubicados en esa ciudad.

La decisión de la jueza en torno a este tema, que se tratará en una audiencia fijada para el 23 de junio, podría derivar en la destitución de la primera autoridad municipal o de su delegado, entre otras sanciones de carácter penal y económicas, según la ley.

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Ciudadano denuncia que su terreno fue invadido por parte del GAD de Quevedo para construir una obra que ya fue entregada

En el recorrido de este jueves estuvieron el demandante, Mario Martire, y sus abogados; funcionarios del Municipio; representantes de los Derechos Humanos; y de la Defensoría del Pueblo de Los Ríos.

En el terreno funciona la plazoleta denominada Food Garden, una infraestructura valorada en $ 150.000 que fue entregada el fin de semana por el alcalde Salcedo.

Esto, pese a que la jueza dispuso que se detenga la obra. El contratista continuó con los arreglos, instalación de los contenedores termoaislados y del mobiliario en el patio, que ya está abierto al público.

Los comerciantes se alegraron de disponer de un lugar cómodo después de más de 30 años en las calles; mientras que Martire, dueño de los 190 metros (una tercera parte del predio en su totalidad), rechazó la supuesta invasión.

De ahí que denunció al Municipio por construir la obra sin su consentimiento.

“Me notificaron por correo electrónico, recién el 1 de marzo de este año, que el terreno había sido declarado por el Concejo municipal como de utilidad pública con fines de expropiación, cuando ellos desde el 27 de enero ya tenían adjudicada la obra, yo no me enteré a tiempo porque vivo en Guayaquil”, expuso el empresario.

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Martire, quien interpuso una demanda de vulneración de derechos de forma directa contra el alcalde Salcedo y el procurador síndico Mosquera, manifestó que espera la resolución que emita la jueza el 23 de junio, cuando se realizará la audiencia sobre este caso.

“Es una pena que los afectados de este mal proceder municipal sean los más comerciantes, personas trabajadoras. Ellos no podrán laborar hasta que la jueza lo determine, una vez que termine el proceso judicial entre el GAD y mi persona. Mi terreno fue invadido, no expropiado como lo indica el procurador síndico, a mí jamás me emitieron un acta de negociación por mi propiedad, es por eso que insisto en que mis derechos fueron vulnerados”, reclamó el demandante.

Mosquera, el procurador síndico del Municipio quevedeño, señaló que la diligencia en la obra se realizó por la acción de protección que el denunciante planteó ante las instancias judiciales, una vez que el Municipio expropió el terreno.

“Por ahora los comerciantes ubicados en el lado de terreno del denunciante no podrán laborar hasta que la jueza lo disponga. Lamentablemente el tema es de índole económico, que debió ser tratado en otro juicio, este proceso es por una supuesta vulneración de derechos que alega el demandante de parte del GAD, algo que no fue así porque el GAD ha cumplido con el procedimiento que la ley indica”, mencionó.

Mosquera alegó que el valor que por el momento se le ha adjudicado al dueño del terreno ($ 13.000) es lo que la ley indica, una vez que fue declarado como bien de utilidad pública, pero que, en caso de entablarse un juicio por este tema, será la autoridad judicial la que resuelva el valor.

Pero Martire sostuvo que su propiedad está avalado comercialmente por los $ 100.000.

Marco Franco, presidente de la Cámara de Comercio de Quevedo, dijo que con la acción que decretó la jueza no solo se siguen vulnerando los derechos constitucionales del dueño del terreno, sino que ahora se le niega el derecho al trabajo a los comerciantes que ya no tienen un local. (I)