El Gobierno no cambiará su decisión de implementar desde julio una tasa de fiscalización y control minero, que se aplicará por cada hectárea de concesión, según la resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
Esa fue la respuesta de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, al ser consultada por el pedido que hizo la Cámara de Minería del Ecuador (CME) para suspender temporalmente la aplicación de la medida.
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Remarcó que “la tasa minera está vigente y tienen que pagar”, de acuerdo con lo establecido en la resolución de la Arcom, la cual dispone que las empresas de mediana y gran minería deben pagar hasta el 31 de julio; mientras que el resto de regímenes lo deben hacer en diciembre.
“Esto está en firme. Yo no estoy ni para negociar ni para dilatar un proceso. Esta es una tasa que requiere la Arcom. Realmente, cada día nosotros estamos en deuda con estar atrás de todo lo que es la minería ilegal. Nosotros necesitamos los recursos económicos y la tasa es una contraprestación por un servicio que vamos a dar”, zanjó Manzano la tarde del lunes 16 de junio, durante una rueda de prensa sobre la apertura del catastro minero.
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Tasa minera se empezará a cobrar en julio del 2025
El jueves de la semana pasada, funcionarios del Ministerio de Energía se reunieron con representantes de la Cámara de Minería y otros actores involucrados en la industria para dialogar sobre la implementación de la tasa.
Previamente, el gremio y varias empresas mineras expresaron sus preocupaciones, señalando que los pagos que deberán hacer las compañías son desproporcionados, particularmente cuando se encuentran en etapa de exploración, en la que todavía no se tiene certeza del potencial mineral ni hay retorno de las inversiones.
Sobre la reunión del jueves, la Cámara de Minería informó que con las autoridades se acordó iniciar un diálogo mediante mesas técnicas, que duraría alrededor de un mes.
A propósito de aquello, el gremio indicó que se propuso poner en pausa la implementación de la tasa de fiscalización mientras se desarrollaban las mesas técnicas.
Con las declaraciones de la ministra Inés Manzano, el lunes quedó claro que la solicitud de la Cámara de Minería no fue acogida.
El Gobierno estima recaudar este año $ 100 millones por tasa de fiscalización y alrededor de $ 200 millones en el 2026.
Los recursos serán destinados a la Arcom para mejorar el control y supervisión de las actividades mineras y combatir la extracción ilegal de minerales. (I)