Entre enero y julio de 2025, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha remitido aproximadamente 425 requerimientos de información tributaria a la Contraloría General del Estado, en un trabajo conjunto en contra de quienes desde el sistema judicial y otras funciones del Estado actúan sin transparencia y provocando en muchos casos pérdidas al Estado.
Así lo indica la entidad tributaria, que agrega que la información proporcionada ha permitido a la Contraloría analizar posibles riesgos de incremento patrimonial no justificado y el incumplimiento en la presentación de información por parte de servidores públicos considerados personas políticamente expuestas, entre ellos los jueces del Estado.
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El director general del SRI, Damián Larco, señaló que durante el primer trimestre de este año intensificaron acciones de control y realizaron análisis de riesgos tributarios a servidores de la Función Judicial y entidades relacionadas.
Y como resultado, dijo que detectaron posibles inconsistencias en los ingresos reportados, así como incrementos patrimoniales no justificados.
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Frente a esos hallazgos —de acuerdo con el SRI— se iniciaron los procesos de fiscalización conforme a la normativa vigente, pero de forma prioritaria a aquellos jueces que con decisiones administrativas pueden frenar procesos, beneficiar a evasores o favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado. (I)