La Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó el jueves 18 de septiembre de 2025 a un paro nacional “inmediato e indefinido”, para presionar al Gobierno de Daniel Noboa a dejar sin efecto la eliminación del subsidio al diésel, que subió el precio del combustible a $ 2,80 por galón.
Las últimas paralizaciones nacionales ocurrieron en junio de 2022 y duraron 18 días.
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Esas movilizaciones también fueron promovidas por la Conaie y organizaciones sociales e indígenas, en rechazo al alza de los combustibles que quiso implementar el entonces presidente Guillermo Lasso.
Las pérdidas y daños que dejaron aquellas protestas ascendieron a $ 1.115,4 millones, que representaron el 1 % del producto interno bruto (PIB) de la época, según cálculos del Banco Central del Ecuador (BCE).
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Es una cifra que resulta casi equivalente al monto que se destinaba anualmente al subsidio al diésel.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dijo la mañana del 18 de septiembre que el subsidio representaba entre 1.100 y 1.400 millones de dólares al año. “Ese dinero se iba al contrabando y a la minería ilegal. Lo que busca el Gobierno es cerrar brechas sociales y fortalecer el escudo social”, expresó.
Así como en 2022, los grupos sociales que se oponen al retiro del subsidio en 2025 aducen que la medida encarece el costo de vida, perjudicando a los sectores más empobrecidos.
Cuándo empieza el paro nacional indefinido convocado por la Conaie en Ecuador
Daños y pérdidas de 2022
Las protestas sociales de 2022 se desarrollaron entre el 13 y 30 de junio. Los efectos de la interrupción de actividades, cierres de vías, daños a infraestructura, toma de pozos petroleros, entre otros, fueron analizados por el Banco Central con asistencia del Banco Mundial e instituciones públicas y privadas.
En octubre de ese año, el BCE publicó un informe con las estimaciones preliminares, concluyendo que los perjuicios ocasionados sumaron $ 1.115,4 millones, de los cuales $ 1.104,8 millones corresponden a pérdidas y $ 10,6 millones a daños.
En el sector privado las pérdidas y daños ascendieron a $ 833,8 millones, y en el público llegaron a $ 281,6 millones.
Las pérdidas en el sector privado, por industrias, se estimaron en:
- Comercio: $ 318,1 millones.
- Manufactura (excepto refinación de petróleo): $ 219,5 millones.
- Agricultura, ganadería caza y silvicultura: $ 79 millones.
- Alojamiento y servicios de comida: $ 56,2 millones.
- Petróleo y minas: $ 48,5 millones.
- Transporte: $ 41 millones.
- Refinación de petróleo: $ 17,9 millones.
- Otros servicios: $ 16,4 millones.
- Actividades profesionales: $ 16 millones.
- Enseñanza y servicios sociales y de salud: $ 8,2 millones.
- Correo y comunicaciones: $ 7 millones.
- Actividades de servicios financieros: $ 4,3 millones.
- Acuicultura y pesca de camarón: $ 1,3 millones. (I)