La falta de certezas de lo que sucederá en el proceso electoral de agosto próximo, fruto de la muerte cruzada, la difícil situación económica y fiscal existente -afectada más aún a futuro por los temas del Yasuní y del fenómeno de El Niño-, así como el típico frenazo de la transición de un gobierno a otro, dibujan un panorama económico y productivo complejo. Así lo analizan varios expertos.

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Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, considera que todo periodo electoral genera incertidumbre, pero en esta ocasión será extendido, pues el nuevo gobierno solo durará año y medio, y en un año empezará la siguiente campaña electoral para elegir otro. Lo que es de esperarse es que esta incertidumbre afecte a los inversionistas y consumidores, quienes para tomar importantes decisiones esperarán a tener más claridad del panorama.

Entre tanto, considera que el siguiente gobierno tendrá varios desafíos importantes. Entre uno de los principales está el fenómeno de El Niño y sus consecuencias. Este evento puede afectar exportaciones y la cadena de pagos. Otro tema que preocupa es el resultado de la consulta del Yasuní, que de ganar el Sí significaría la reducción de $ 1.300 millones anuales (a los precios del crudo actuales). Esto, a su vez, dejará efectos a la balanza comercial y significará reducción de la actividad económica y por ende del empleo.

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A este panorama se suma la situación fiscal compleja, que, aunque ha mejorado, aún presenta un problema de déficit. Adicionalmente, el fisco no tiene mucha cabida para reaccionar en casos como el fenómeno de El Niño u otros que pudieran presentarse. Acosta Burneo comenta que el Gobierno actual y los próximos deben generar un clima atractivo para las inversiones, un entorno de seguridad, sin embargo, es justamente lo que no hay cuando existe incertidumbre electoral.

Entre tanto, Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, considera que “las cuentas públicas ya atraviesan su propia muerte cruzada”: menos ingresos, más gastos, equivalente a más déficit.

De acuerdo con sus cálculos, al comparar los ingresos totales entre enero-mayo de 2022 y 2023, este año se han reducido en $ 815 millones. Por ejemplo, la recaudación tributaria ha disminuido 29 % en el impuesto a la salida de divisas (ISD). La reducción de los ingresos petroleros ha sido de $ 1.066 millones. Entre tanto, el gasto total aumenta en $ 1.492 millones en el mismo periodo. Solo el gasto corriente aumenta en $ 1.084 millones y los sueldos crecen en $ 219 millones. Mientras tanto, la inversión sigue pobre, apenas $ 131 millones entre enero-mayo de 2023.

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En este sentido, Carrera dice que las promesas de los candidatos para “atender las necesidades del pueblo” pueden quedar solamente en eso: promesas. “Cabe imaginar, con cierta ironía, la palidez del nuevo ungido con el poder, cuando en diciembre reciba las arcas públicas vacías y el pueblo reclame el cumplimiento de sus excelsas promesas de redención de los pobres”.

Este proceso electoral anticipado traerá también impactos para el sector productivo, tanto en el ámbito financiero, de inversiones y operativo en el sector público.

De acuerdo con Galo Aguirre Fabara, gerente director de AAA-Finanzas Corporativas, en esta coyuntura es importante determinar cuáles serán los principales efectos mediante la modelación de escenarios y revisar los planes de acción en función de esos escenarios.

De acuerdo con Aguirre, dependiendo del tipo de industria la afectación puede ser menor en el sector de alimentos o medicinas, debido a que la alimentación y la salud de las personas son necesidades básicas que cubrir. Sin embargo, si estas industrias mantienen relaciones comerciales con el sector público se pueden registrar retrasos en pagos. Esto suele ocurrir cuando un nuevo gobierno asume el poder y hasta hacer una evaluación general de todas sus cuentas por pagar y empezar a atenderlas, puede transcurrir algún tiempo.

El cambio de gobierno también puede generar ruido en las decisiones de agentes económicos. Por ejemplo, si la empresa se encuentra en un proceso para conseguir un socio o deuda en el exterior o hasta local. Para el experto, no necesariamente se cancelarían las operaciones, pero sí puede haber retraso o cambios de las condiciones. También se pueden retrasar las decisiones de inversión importantes tales como:

  • Ampliación de infraestructura productiva.
  • Apertura de nuevos locales.
  • Contratación de nuevo personal.
  • Adquisición de nuevos equipos, entre otros.

En estos casos, las empresas, potencialmente, pueden postergar las decisiones mientras se definen las nuevas autoridades, sobre todo porque el cambio de gobierno suele generar nerviosismo en los inversionistas, por un lado, debido a que pueden cambiar las reglas de juego y porque es importante conocer si existirá gobernabilidad con una mayoría en la Asamblea.

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No obstante, Aguirre considera que los agentes económicos ya están acostumbrados a la inestabilidad política del Ecuador, lo que ha generado que las empresas siempre consideren esta variable en sus análisis. En todo caso, Aguirre piensa que las operaciones no se paralizarán porque el interés de todos finalmente es que la economía siga fluyendo. (I)