Fusiones concluirían en diciembre, cada ministerio definirá quiénes se quedan y quiénes pueden entrar a jubilación

Antes de que concluya diciembre, el Ministerio del Trabajo estima que se termine el proceso de fusión de las carteras de Estado que entraron al plan de eficiencia administrativa ordenado por el Ejecutivo. La titular de la cartera de Estado, Ivonne Núñez, indica que, en el caso de las fusiones, todos los ministerios ya entregaron las matrices de competencia, que es en donde se encuentran las funciones que van a desempeñar los ministerios que pasan a ser absorbidos, así como los ministros, que algunos de ellos pasan a ser viceministros.Ahora, dice, deben seguir a la siguiente fase, que consiste en la aprobación de la matriz de competencia para la reforma a los estatutos de cada uno de los ministerios.Núñez explica que, en los casos de todos los ministerios que pasan a absorber, a cada uno de ellos le corresponderá ejecutar la política de competencia y posteriormente los manuales de puestos, por lo cual son ellos los que deben definir quiénes se quedan y qué otras personas cumplen para entrar al proceso de jubilación. “Cada ministerio que fusiona debe entregar esta información y, de igual manera, ellos verán con qué personal de todos los ministerios que son absorbidos finalmente van a contar en sus nuevas actividades”, apunta. Según la funcionaria, estiman que antes de que concluya diciembre terminarán la fase de fusión y después de eso cada ministerio tiene que operar con la estructura que ha diseñado y que ha sido aprobada por el Ministerio del Trabajo.En septiembre pasado, el presidente Daniel Noboa encargó a los ministerios del Trabajo y de Economía definir los salarios y estatutos para la fusión del gabinete. En medio de esto, el Ministerio del Trabajo también detalla cómo avanza el informe de la solicitud del examen especial a los contratos colectivos de las siguientes cuatro empresas públicas: Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Petroecuador.La ministra indica que la Contraloría General del Estado no ha emitido aún el primer informe de lectura, puesto que la entidad —al encontrarse dentro del tiempo de elaboración de este— solicitó a todas las instituciones, incluida a la cartera de Estado, los requerimientos de información y de sustento. En ese contexto, cree que muy pronto la Contraloría los va a convocar para la primera lectura y, en caso de no darse en lo que queda de 2025, sería en las primeras semanas de 2026. “El contralor nos debe convocar para la primera lectura, tanto al ministerio como a las entidades a las que se les solicitó que se efectúe el examen, en especial de la contratación colectiva”, agrega.La solicitud de examen especial fue presentada por la ministra en julio de 2024 con el objetivo de nulitar esos contratos colectivos, porque el Gobierno considera que hay un uso “abusivo” de las finanzas estatales, así como del aprovechamiento de acciones de protección. La directiva del Comité de Empresa de CNEL ha pasado por discrepancias entre grupos de trabajadores que han alegado ser la legítima desde agosto. De acuerdo con la secretaria de Estado, en el Ministerio del Trabajo ya fue registrada la directiva que está encabezada por Daniel Garcés tras cumplir con los requisitos que establece la ley y no ha tenido cuestionamientos o impugnaciones. “Entiendo que fue un proceso electoral donde participaban todos, incluidos aquellos que también elaboraron el primer registro de directiva, porque la convocatoria fue para todos, pero no vi, no observé, por lo menos en los medios de comunicación que habían participado o se habían registrado para participar, a más candidatos”, manifiesta la secretaria de Estado. En agosto pasado, el secretario general encargado del Comité de Trabajadores de CNEL, Franz Cabezas, señaló al Ministerio del Trabajo de imponer una nueva directiva y que la legítima era la liderada por Luis Lapo. La ministra comenta que esa directiva, que era promovida por el anterior secretario general (Richard Gómez), presentó cuatro acciones de protección al Ministerio del Trabajo. Relata que a la última audiencia a la que concurrieron denunciaron el “uso y el abuso” de las acciones de protección respecto a lo que ellos efectuaron en varios juzgados de Guayaquil y en Samborondón. Asimismo, que de la última decisión en la que todos participaron, el juez declaró improcedente la acción de protección e hizo el llamado de atención a quienes presentaron este recurso, porque ellos cuestionaban la decisión del Ministerio del Trabajo, que determinó que no cumplía con los requisitos que establece la ley. “Faltaba documentación y ellos presentaron una acción de demanda de protección en contra del oficio, donde nosotros les decimos que falta documentación”, sostiene la ministra. (I)

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