Trabajadores y comerciantes de El Oro siguen con la incertidumbre de cuándo se reactivarán las operaciones de las plantas de beneficio que procesan minerales, ya que de ellas depende buena parte de la población, de manera directa e indirecta.
Alrededor de 80 plantas procesadoras están fuera de servicio desde el 2 de febrero, por disposición de una resolución ministerial.
En la reunión que hubo el jueves, en Quito, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, explicó a los alcaldes de los cantones orenses Zaruma, Portovelo, Piñas y Atahualpa que la suspensión de actividades seguirá vigente y solo se levantará cuando cada operador presente un plan de acción -y este sea aprobado-, que deberá detallar medidas y procedimientos para evitar la contaminación a los ríos Calera y Amarillo.
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La paralización indefinida de las industrias que procesan oro golpea a la economía local: restaurantes, hoteles, ferreterías, transporte y más, dijo Juan Diego Carrión, presidente de la Cámara de Comercio de Zaruma, quien confirmó que este viernes 6 de febrero continuaban cerradas las plantas.
Aseguró que alrededor del 90 % de habitantes del cantón obtienen sus ingresos por actividades relacionadas con la minería.
“Los cuatro cantones de la parte alta de El Oro dependemos de la actividad minera. Zaruma, aún cuando tiene una población muy reducida frente a otros cantones de la provincia, es el segundo cantón que más impuestos paga. No es justo que se tomen estas medidas tan radicales (cierre de las plantas)”, expresó.
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El dirigente empresarial reconoce que existe un problema ambiental, pero responsabiliza al Estado por falta de acciones y cumplimientos.
Critica que se detenga la operación de las plantas de procesamiento, lo cual afecta al trabajo y a la generación de ingresos.
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La resolución 005 del Ministerio de Ambiente y Energía expone que se analizaron muestras de agua y los resultados concluyeron que en los ríos Calera y Amarillo existe contaminación por altas concentraciones de metales pesados como cobre, plomo, arsénico, cadmio y cianuro.
Y que en el río Calera se identificó que la contaminación crece “de manera crítica y significativa en el tramo donde se concentra la operación de las plantas de beneficio”.
La Cámara de Comercio de Zaruma tiene entre sus socios a actores de la industria minera. Carrión manifestó que en el gremio y sus asociados “están conscientes del perjuicio ambiental que se ha provocado hasta el momento”.
En su criterio, en la contaminación el río Calera “existe culpa de parte y parte” tanto del Gobierno y por falta de inversión de algunas empresas mineras.
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“Siempre han habido controles, Arcom (Agencia de Control Minero) ha estado presente, del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y no han dado una solución. Los controles son (responsabilidad) del Estado”, señaló.
Dijo que los mineros y dueños de las plantas de beneficio “están conscientes” que la actividad que realizan requiere una licencia ambiental. Sin embargo, reprochó que los trámites burocráticos para obtener este permiso suelen tardar años.
Hay casos de empresas que llevan 10 o 12 años esperando la autorización de la licencia, pese a haber presentado todos los requisitos. Además, dijo existe corrupción dentro de las instituciones públicas que entorpecen y perjudican los procesos.
Instó al diálogo con las autoridades del Gobierno central para llegar a acuerdos, que permitan levantar la suspensión de las plantas, mientras se realizan los controles pertinentes.
Afirmó que los empresarios están dispuestos a invertir en las soluciones que se requieran. Según sus datos, en cada planta trabajan entre 80 y 250 personas, en promedio.
Conforme pasen los días y las plantas sigan cerradas crece la preocupación en la población, comentó Juan Diego Carrrión, quien espera procesos ágiles una vez que los titulares de las plantas de beneficio presenten los planes de acción que exige el Ministerio de Ambiente y Energía. (I)
