Tras la orden de paralizar la minería en Napo, la organización Napo Ama la Vida exige al Gobierno que se ejecuten controles diarios en la provincia, que se haga un plan de emergencia ambiental y que se declare estado de excepción focalizado para enfrentar a la minería ilegal.
El grupo ambientalista se pronunció a través de un comunicado sobre la resolución 005 del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), emitida el 2 de febrero, que dispuso la suspensión total de las actividades mineras debido a la contaminación ambiental en la cuenca del río Napo.
“Recordamos al Ministerio y al Gobierno que la realidad de Napo es clara: la mayoría de las actividades mineras que destruyen ríos, bosques y comunidades son ilegales”, señala el comunicado.
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El coletivo reclama que, si bien el Estado reconoce la contaminación y afectación ambiental, los controles deben ser permanentes y no cada quince días, como indica la resolución.
Al respecto, el documento ministerial —que además paró la operación de plantas de beneficio en El Oro— dispone a las direcciones zonales 7, 8 y 10 que realicen inspecciones cada 15 días para verificar el cumplimiento de la suspensión de las actividades.
La misma frecuencia de controles y monitoreos se ordenó a las direcciones distritales para que verifiquen la integridad, inviolabilidad y permanencia de los sellos de suspensión; así como para prevenir, detectar y reportar cualquier intento de remoción, alteración o incumplimiento de la medida dispuesta.
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Napo Ama la Vida señala que “el control quincenal es una invitación a la burla del Estado: abre ventanas para reactivación clandestina, traslado de material, reingreso de maquinaria, vertidos intermitentes y continuidad del daño sin reacción oportuna”.
El seguimiento debe ser continuo, demanda la agrupación, con presencia permanente en territorio, verificación diaria, control de insumos, cadena de custodia y coordinación real con fuerza pública bajo objetivos medibles.
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Se exigen planes de remediación con cronograma, metas, indicadores, responsables, presupuesto, monitoreo independiente y participación comunitaria.
“Porque el daño al agua no es un daño abstracto: es un daño directo a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la cultura y al derecho a vivir en un ambiente sano. La restauración no se decreta: se ejecuta y se verifica”, dice el comunicado.
De igual manera, se reclama que se hagan públicos los informes de los estudios técnicos realizados por el Gobierno que determinaron la contaminación en el agua.
Esto con el propósito de que la población comprenda el riesgo y adopte medidas de protección.
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“La gente que vive del río —que bebe, pesca, se baña, trabaja y se alimenta de sus aguas— tiene derecho a conocer la verdad completa. Sin información pública, clara y accesible no hay prevención real ni participación efectiva y se pone en riesgo a comunidades enteras”, anota la agrupación.
Con ese antecedente, solicitan que la provincia ingrese de inmediato a un plan de emergencia ambiental, que abarque acciones extraordinarias, permanentes y coordinadas.
Y que se declare el estado de excepción focalizado. Aclaran que esto no implique “militarizar la vida comunitaria”, sino garantizar el derecho al agua, la salud, el ambiente sano y los derechos de la naturaleza frente a un crimen ambiental que ha sido tolerado por demasiado tiempo".
El pronunciamiento del grupo finaliza con la advertencia de que no se permitirá que la resolución ministerial sea la antesala a la minería a gran escala en Napo. (I)
