Los alcaldes de los cantones Portovelo, Zaruma, Piñas y Atahualpa, de El Oro, viajaron a Quito para reunirse con la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, con el propósito de solicitar que se levante la suspensión indefinida de las plantas de beneficio de la provincia, que procesan oro. Sin embargo, su pedido no fue acogido.
El encuentro se produjo este jueves, 5 de febrero, en el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), al día siguiente de la marcha que movilizó a cientos de personas en Portovelo en rechazó a la decisión del Gobierno.
Los alcaldes llegaron a la capital con el fin de plantear que se trabaje en medidas alternativas para la remediación ambiental, sin tener que cerrar las plantas, ya que gran parte de la población de los cantones depende directa o indirectamente de ellas.
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En la reunión, la ministra Inés Manzano ratificó la vigencia de la resolución ministerial 005, del 2 de febrero, que ordenó la suspensión total de actividades en las plantas de beneficio ubicadas en El Oro, debido a la existencia de contaminación ambiental en esa provincia y en Loja.
La ministra explicó a las autoridades cantonales que no se levantará la suspensión, mientras los titulares de las plantas no presenten un plan de acción, y este sea aprobado, como lo dispone la resolución.
Así lo confirmó a este Diario la viceministra Minas encargada, María Emilia Limongi, quien participó en la conversación con los alcaldes.
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La funcionaria señaló que los estudios técnicos realizados a los ríos Calera y Amarillo determinaron la contaminación con metales pesados.
Señaló que es un riesgo para la población porque sobre el río Calera hay autorizaciones de uso y aprovechamiento para el consumo humano, para riego, entre otros.
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“Entendemos que hay una situación social detrás del tema, pero también hay una situación detrás del tema de la contaminación. No es que esas autorizaciones son de ahora. El que tiene derecho de aprovechar el agua para su consumo resulta que tiene un río contaminado porque no ha habido un suficiente control por parte de los operadores que están aledaños a este”, indicó Limongi y justificó que la medida se ciñe a la normativa legal vigente.
La resolución recoge que se constató la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles, en los ríos Calera y Amarillo.
Que en el río Calera se identificó que la contaminación aumenta “de manera crítica y significativa en el tramo donde se concentra la operación de las plantas de beneficio”. Hay un “impacto severo y directo de las plantas de beneficio”.
Alrededor de 5.000 personas participan en plantón por suspensión de actividades mineras en El Oro
La viceministra explicó que la medida impulsa a los operarios a corregir incumplimientos mediante un plan de acción. “Lo que queremos es que operen de manera responsable, sin contaminación”, enfatizó, reiterando que hay apertura para el diálogo.
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Aquellos operarios que no están contaminando deben demostrar que no lo hace “y no tiene por qué estar suspendido”.
Entre las disposiciones de la resolución consta que la Subsecretaría de Calidad Ambiental solicitará a los titulares de las plantas de beneficio y concesiones mineras de las provincias de El Oro, Loja y Napo que presenten inmediatamente el Plan de Acción que será revisado y aprobado por dicha dependencia.
A los alcaldes se les proporcionó información de lo que debe tener el plan de acción. Esto es algo que debe cumplir cada operador, no se puede presentar un plan global por todos, aclaró la viceministra.
“Cada operador debe decir, si es que es el caso, mi planta tiene este problema ambiental y lo voy a corregir con esta medida. Tiene que pasar por la validación del Ministerio”, puntualizó.
Si los dueños de las plantas cumplen los estándares técnicos ambientales podrán retomar sus actividades. Pero esto no detendrá los procesos administrativos sancionadores que se inicien. “Eso no se va a detener. La ministra ha sido clara con los cuatro alcaldes”, dijo.
Aseguró que las autoridades locales se comprometieron a impulsar controles desde sus áreas de competencia.
En el Gobierno aún se están definiendo las acciones para la remediación de los ríos -que incluye al río Napo, también mencionado en la resolución ministerial-. Lo que se busca ahora, en primer lugar, es frenar la contaminación, indicó Limongi.
La alcaldesa de Piña, Teresa Fejióo, dijo que en la conversación se habló de la remediación ambiental y de las regalías mineras por $ 40 millones que deben ser invertidas en obras de regeneración de la naturaleza de los cuatro cantones. Una de esos proyecto es el relleno sanitario.
Dijo que se están articulando las autoridades nacionales. Y el próximo martes, en Portovelo, habrá una mesa de trabajo con técnicos del Gobierno para determinar un plan de acción urgente.
Afirmó que en un plazo de 10 días máximo se espera tener una respuesta para reactivar a las plantas de beneficio.
Fejióo resaltó que la minería en la parte alta de El Oro ha dado importantes beneficios a la provincia, pero “tiene que ser controlada”.
Dijo que hasta hoy habían sido suspendidas algunas plantas que no cumplían con requerimientos ambientales y legales. Aseguró que en la reunión con la ministra se acordó “no cerrar ninguna otra planta más”.
Las máximas autoridades de los cuatro cantones socializarán en sus ciudades las implicaciones del plan de acción que deben entregar los operadores.
Adicionalmente, la alcaldesa de Piña señaló que se vigilará el pago de sueldos a los trabajadores que se han visto afectados por la paralización de las plantas.
“Que nadie se quede sin su sueldo, que a pesar de haber quedado ocho días paralizados, ellos tendrán todo el apoyo y el derecho al trabajo”, puntualizó. (I)
