Sin sus 112 asientos, el tren de aterrizaje, los equipos electrónicos y los paneles de cabina... Así se encuentra un Boeing 737-200 que operó para la desaparecida aerolínea Ícaro y cuyo último vuelo fue en el 2012.

El fuselaje del aparato que aún está pintado con los colores que identificaron a esa aerolínea de bandera nacional está sostenido sobre llantas, en el aeropuerto de Manta. La compañía fue creada en septiembre de 1971 por el capitán Guido Saltos, quien se desempeñaba como presidente ejecutivo.

Andrés Ojeda, abogado de la familia Saltos, expropietaria de esa compañía, refiere que las condiciones de esa nave reflejan parte de la historia de cómo se han llevado los procesos de liquidación y coactiva de la aerolínea y empresas afines.

Ícaro fue una de las principales aerolíneas de transporte de pasajeros que operaban en el mercado ecuatoriano, pero entró en un periodo turbulento cuando comenzó a tener problemas por deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el IESS. Antes de cesar operaciones, sus ingresos andaban por los $ 18 millones.

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Más de una década después, la empresa sigue con el estatus de disolución-liquidación, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Esto implica que aún no se da por muerta legalmente a la empresa debido a que no consta su cancelación.

El conflicto con el SRI se inició en el 2009 debido a que la entidad reclamó el pago de $ 16 millones, porque supuestamente Ícaro había cancelado menos impuestos en el 2004 y 2005. También registraba una mora patronal en el IESS por $ 1,9 millones, entidad que inicialmente embargó el avión que está en Manta.

Aerolínea Ícaro pide su disolución

La aerolínea presentó en el 2010 un recurso de revisión de la deuda con el SRI. Al siguiente año optó por la disolución de la empresa de manera voluntaria, pero la Superintendencia de Compañías realizó una disolución de oficio. Tras eso, en el 2012, el SRI incautó los bienes de Ícaro y sus empresas afines.

El interior del Boeing 737-200 que operó para Ícaro y que está en el aeropuerto de Manta.

Ojeda indica que han pedido a la Superintendencia de Compañías que les permita avanzar con el proceso de liquidación, pues han pasado cinco liquidadores en 10 años y no se concluye.

Sostiene que quieren ver qué pasó con todos los bienes de la empresa, pues tenían aviones e inmuebles para poder responder a las supuestas deudas. El Boeing 737-200 que está en Manta fue el único que no se vendió y el que más valía en el 2012, según los abogados de la familia Saltos.

SRI se incautó 3 vehículos de Ícaro

La administración tributaria indica a este Diario que los bienes del contribuyente Ícaro sujetos de acciones de cobro mediante el embargo han sido debidamente rematados y subastados. Según el SRI, se logró la recuperación de $5′109.689,05 de los cuales por prelación legal se pagó $ 1′205.258,58 a los trabajadores y $ 2′754.754,01 al IESS por obligaciones patronales.

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Pero existe un saldo pendiente que tiene Ícaro y sus empresas afines. El saldo actual de las obligaciones de Ícaro en liquidación es de $ 18′697.254,55, de la empresa Aerodeli Cía. Ltda. en liquidación de $13.418,29, y Eqglobal en liquidación es de $ 1.087,09.

El SRI refiere que actualmente no tiene dispuesta ninguna medida sobre el avión que está en Manta, pues se encontraba embargado por el IESS. No obstante, precisa que dicha aeronave no contaba con los libros y bitácoras de vuelo.

Ojeda cree que se vendieron bienes por debajo de los valores que estaban avaluados. “Ha sido una liquidación deficiente, extraña, con bienes mal avaluados, un avión carguero de $ 1,5 millones que se termina vendiendo en $ 350.000 y avionetas en $ 8.000″, dice.

El defensor de los exdueños de Ícaro señala que los activos de todas las empresas ligadas a Ícaro superaban los $ 30 millones.

Los abogados de la familia expropietaria de la aerolínea se quejan además porque el recurso de revisión que pusieron hace más de una década aún no tiene una resolución. Eso sigue generando intereses y diversas deudas, afirman.

Aquello también les impide, según Ojeda, acudir a un tribunal distrital de lo fiscal para discutir sobre la determinación de rentas.

Frente eso, el SRI alega que a fines del 2020 se presentó un oficio al SRI en torno a recursos de revisión presentados por el contribuyente ante las autoridades de la Administración Tributaria del 2010. La entidad indica que el actual equipo técnico del SRI ha verificado que los referidos trámites no constaban con estado activo dentro de los sistemas institucionales desde el 2013.

Sin perjuicio de ello, refiere que ha sido emitida la respuesta a los referidos recursos de revisión.  Pero la entidad precisa que el recurso de revisión es una potestad extraordinaria de revisión de legalidad de actos administrativos emitidos por el SRI, cuyo trámite no suspende la acción de cobro pues la revisión se efectúa sobre actos firmes. (I)