Con menos de quince días en vigencia, la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que reforma al Biess y la seguridad social, ya registra cuatro demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC).
Según los registros de la CC, las primeras acciones fueron presentadas el 6 de octubre, cinco días después de que la norma se publicó en el Registro Oficial.
Hasta el momento, las organizaciones y personas que han interpuesto las demandas son la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh); la abogada Patricia Elizabeth Borja Laverde, en calidad de afiliada activa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); la Unión Nacional de Educadores (UNE), en conjunto con la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador “Alfonso Yánez”; y el Frente Nacional por un Nuevo IESS, con Julio Moscoso.
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Ley de Fortalecimiento Crediticio fue publicada en el Registro Oficial
Los promotores de las acciones públicas sostienen que la ley vulnera varios artículos de la Constitución, que tratan sobre la garantía al derecho a la seguridad social, el derecho a la seguridad jurídica, criterios de funcionamiento del sistema de seguridad social, destino de los fondos y reservas del seguro universal obligatorio, entre otros aspectos.
Los principales temas que contemplan las demandas, y que causan preocupación, tienen que ver con que la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia faculta al Biess a realizar operaciones de reporto y gestionar y/o aceptar créditos con entidades financieras, nacionales o extranjeras, poniendo como garantía parte de su portafolio de inversiones.
Se teme que este tipo de operaciones pondría en riesgo los recursos de afiliados y pensionistas de la seguridad social ya que, si el Biess no paga esos créditos, perdería el colateral que puso de respaldo.
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Al respecto, el Frente Nacional por un Nuevo IESS, encabezado por Henry Llanes, advierte que, si las operaciones de reporto implican la venta temporal de títulos de crédito con la finalidad de obtener liquidez, el Biess podría salir perjudicado.
La organización explica que, en este tipo de operaciones, los bancos privados comprarían los bonos —especialmente los del Estado— por debajo de su valor real y luego los revenderían al Biess a un precio más alto, generando pérdidas para la institución.
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En las demandas también se cuestiona que la ley permite al banco del IESS vender a terceros su cartera vencida de créditos hipotecarios, quirografarios o prendarios.
Los accionantes aseguran que el cuerpo legal, que fue impulsado por el Ejecutivo, menoscaba el patrimonio de la seguridad social.
Otros argumentos que contienen las demandas son que determinados artículos de la ley cuestionada no observan o incumplen sentencias de la Corte Constitucional respecto de la seguridad social.
La abogada Patricia Borja señala que en la ley no se identifica la fuente de financiamiento para el costo operativo del proceso electoral para la elección de representantes de los asegurados y del representante de los empleadores que conforman el Consejo Directivo del IESS.
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Además, la UNE y la Coordinadora de Maestros Jubilados cuestionan que en el tratamiento del proyecto de ley en la Asamblea, por tener carácter de urgente en materia económica, se evitó el debate ciudadano y, en especial, el aporte o cuestionamiento de los principales implicados, en este caso los afiliados, jubilados y pensionistas.
El Frente Nacional de Defensa del IESS y la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador (CNJE) han anunciado que también demandarán la ley, por los mismos argumentos de las acciones que ya están en manos de la Corte Constitucional.
Se espera que las dos agrupaciones formalicen sus demandas en los próximos días. (I)
