El anuncio gubernamental sobre las tarifas del impuesto a la salida de divisas (ISD) para 2025 ha generado preocupación en el sector industrial por un posible incremento de los costos de producción y, por ende, de los precios finales desde el segundo trimestre del próximo año.
El Ejecutivo ofreció que entre enero y marzo de 2025 la tarifa de ese impuesto, que ahora es del 5 %, será del 0 % y desde abril se aplicará el 2,5 %. La medida se aplicará a materias primas importadas que son “esenciales para la producción de la industria nacional”, especifica el comunicado emitido el jueves 28 de noviembre.
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También se indica que se coordinará con 17 sectores productivos para definir las subpartidas arancelarias en las que regirá el ISD diferenciado.
En cuanto a los sectores productivos, el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que son los siguientes:
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- Alimentos y bebidas
- Metalmecánicos
- Química
- Acuícola
- Proteína animal
- Madera
- Plástico
- Higiene y limpieza
- Línea blanca
- Papel y cartón
- Textiles
- Banano
- Cerámica plana
- Farmacéutico
- Pesquero
- Flores
- Cacao
La tarifa del ISD subió del 3,5 % al 5 % a partir del 1 de abril de 2024. El presidente Daniel Noboa fijó el porcentaje tras la aprobación de la Ley Orgánica para enfrentar el Conflicto Armado Interno, que faculta al mandatario a modificar el impuesto, de forma general, por sectores o por las variables que considere, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas.
En esa ley se justificó el Gobierno para el anuncio sobre las nuevas tarifas que se implementarán el próximo año.
Las empresas que importan materiales y maquinaria para su producción hasta ahora liquidan lo pagado por ISD mediante crédito tributario para el pago del impuesto a la renta, con lo cual, en la práctica, el ISD no tenía un impacto en la producción.
Sin embargo, el crédito tributario estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, ya que un dictamen de la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, que incluía el beneficio tributario. La sentencia se emitió en 2022, por contravenir el principio de unidad de materia, y ordenó mantener los efectos de la ley hasta el 31 de diciembre de 2023; pero con la muerte cruzada, la Corte revisó la sentencia y amplió el plazo hasta finales de 2024.
La industria bananera es una de las que han expresado su insatisfacción por el anuncio del 28 de noviembre. Para el Clúster Bananero y Platanero, que agrupa a cinco gremios del sector, la medida anunciada por el Gobierno no fortalece la competitividad de los sectores productivos, como argumentó el Ejecutivo.
Al contrario, “significaría el encarecimiento de insumos esenciales para la producción y exportación de insumos esenciales para la producción y exportación. Para la industria local, en la práctica, es un incremento del ISD del 0 % al 2,5 %, que solamente denota fines recaudatorios, ya que se trata de montos que anteriormente el Gobierno no presupuestaba para sus actividades y que incrementaría los costos y gastos para las industrias locales”, concluye el Clúster.
La agrupación apunta que el crédito tributario cobija a 3.800 subpartidas y que la Corte Constitucional dio plazo hasta el 31 de diciembre para que el Ejecutivo presente un proyecto de ley que resolviera los vacíos normativos.
Entre enero y octubre de 2024, el Estado recaudó $ 1.027 millones por el impuesto a la salida de divisas, esto es, $ 110 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2023, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Cuando se incrementó la tarifa del ISD al 5 %, la recaudación pasó de $ 74,68 millones en marzo a $ 93,97 millones en abril, de acuerdo con el SRI.
No fue una sorpresa, pero se espera la lista de subpartidas
Aunque el anuncio de Carondelet ha causado malestar, la decisión no tomó por sorpresa a los industriales, puesto que se han mantenido reuniones sobre este tema con autoridades del frente económico. Así lo revela Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, quien indica que desde hace aproximadamente un mes y medio ha habido conversaciones con representantes de los ministerios de Finanzas y de Producción.
Cuenta que desde junio el sector empresarial ha insistido al Gobierno para que se tomen medidas en vista de que desde enero de 2025 pierde vigencia el crédito tributario, pero esto no ha sido escuchado.
Lo que se espera ahora es conocer la lista definitiva de subpartidas arancelarias que tendrán las tarifas proclamadas para el año siguiente, para lo cual se deberá emitir un decreto ejecutivo antes de que termine diciembre.
Robalino aclara que la oferta presidencial únicamente abarca a materias primas y no a bienes de capital o insumos, es decir, los equipos o maquinarias importados no gozarán de una tarifa diferenciada y pagarán el 5 %.
Y coincide en que habrá un efecto sobre los costos de producción una vez que se implemente el 2,5 % desde abril.
“Técnicamente sí, es un incremento en los costos de producción. Fiscalmente, en cambio, el análisis que hace el Ministerio (de Finanzas) es que el próximo año estarían perdiendo lo que, según ellos, en el presupuesto ya está incluido. Entonces, lo que están haciendo es reduciendo un monto que, potencialmente, recibirían el próximo año por la eliminación del crédito fiscal”, comenta.
Cuenta que se propuso a las autoridades incluir a los generadores de energía dentro de los productos con tarifa 0 %, ya que las empresas buscan importar estos equipos para mantener su producción hasta que se supere la crisis energética. Sin embargo, estos aparatos no son considerados materia prima.
La Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca apela a la eliminación del ISD, con el argumento que desincentiva las inversiones y debilita la competitividad de la industria local.
Impuestos cruzados
El impuesto a la salida de divisas se creó en 2007, con una tarifa del 0,5 %, para 2009 subió al 2 %. Y en 2011 se incrementó al 5 %, con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, que más tarde fue declarada inconstitucional. Posteriormente, la tarifa fue modificada en varias reformas.
Con la implementación del crédito tributario del impuesto a la renta, para compensar el ISD pagado a las importaciones de bienes para la producción, se produjo lo que se llama “impuestos cruzados”, explica Napoleón Santamaría, analista tributario.
El experto recuerda que cuando la tarifa subió años atrás se ajustaron los precios de los productos. “Cuando viene una reforma del ISD nadie sabe lo que va a ganar este año o el próximo y si va a poder compensar esos valores con crédito tributario. ¿Qué hacen todos? Suben los precios. Cuando se subió el ISD al 5 % ya se subieron los precios. Ahora, técnicamente lo que debería haber es más esfuerzo de impuesto a la renta”. Resalta que es de esperarse que nuevamente haya un ajuste de precios que, al final, lo terminarán pagando los ciudadanos.
Comenta que los gobiernos de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa no tomaron las decisiones a tiempo sobre el crédito tributario y el impacto en el ISD, pese a que se conocía del dictamen de la Corte. Cree que “se desaprovecharon” los proyectos de leyes económicas que cada administración promovió en su momento para abordar el tema.
Respecto de la reiterada propuesta del sector empresarial para que el ISD sea eliminado, Santamaría ve poco probable que este Gobierno proceda en esa dirección. Por un lado, señala que el cobro de este impuesto es una fuente importante de dinero para el fisco. Y por otro, si se elimina podría haber una mayor salida de capitales del país, que no están relacionados con importaciones o adquisiciones para la producción. (I)
