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Guerras y catástrofes han llevado a gobiernos a pedir ayuda a contribuyentes a través del IVA y otros impuestos

El Gobierno actual planea incrementar de 12 % al 15 % el IVA. En el Gobierno de Rafael Correa se subió al 14 % temporalmente por el terremoto del 2016.

En la entrada al centro carcelario del CPL Turi personal militar realizó control de armas, municiones y explosivos a los vehículos que circulan por el sector. Foto: API

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Los impuestos, revisión de subsidios y las contribuciones de los ciudadanos y empresas han sido la fuente de la que los gobiernos han echado mano cada vez que hay un conflicto bélico o una catástrofe. Cuando en las economías de los países no existen fondos de emergencia, o no tienen acceso a créditos, entonces deben proceder a solicitar apoyo de los contribuyentes.

Ecuador vive al momento, justamente, una situación así. A más de tener una situación fiscal precaria, enfrenta un problema de seguridad que ha rebasado cualquier límite antes conocido. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha tenido que declarar una guerra interna, luego que la narcomafia, estructurada en grupos de delincuencia organizada (GDO), se ha constituido en una amenaza dentro del territorio ecuatoriano.

La medida propuesta es incrementar del 12 % al 15 % el impuesto al valor agregado (IVA) para recaudar unos $ 1.300 millones anuales y costear dicha guerra. Esto significa cubrir gastos de armas, tecnología, insumos, para las Fuerzas Armadas y Policía, a fin de combatir a las bandas que han incurrido en asesinatos y atentados terroristas. Ese monto no sería suficiente para cubrir tanto el déficit fiscal, que es de más de $ 5.000 millones, como los gastos extras por el tema de la seguridad. En este sentido, no se descartaría la necesidad de revisar los subsidios de los combustibles.

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No es la primera vez que un gobierno acude a este tipo de medidas para obtener recursos.

Por ejemplo, luego que en abril del 2016 se produjo el terremoto de magnitud 7,8 en Manabí y Esmeraldas, el 1 de junio de 2016 se incrementó de 12 % a 14 % el impuesto al valor agregado. Esa medida fue tomada durante el gobierno de Rafael Correa dentro de la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por la afectación del terremoto, aprobada por la Asamblea de mayoría correísta. En ese momento, los analistas consideraban que se iba a recaudar entre $ 700 millones y $ 800 millones.

No fue la única medida que se tomó en ese momento. También las personas tuvieron que contribuir con parte de su salario, un 3 % de las utilidades y las empresas y personas con grandes patrimonios pusieron una contribución extraordinaria.

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Sin embargo, existen dudas sobre el destino de los recursos de todo lo recaudado. Se han dado informes de Contraloría en los cuales se señalan irregularidades en la ejecución y aprobación de los contratos y obras. Ahora mismo, el exvicepresidente Jorge Glas (RC) está en la Embajada de México, argumentando que es un perseguido político, pero tiene que responder por peculado en el caso Reconstrucción.

¿Qué impuestos se crearon en Ecuador en tiempos de guerra con Perú?

Entre tanto, en 1981 se dio el conflicto bélico de Paquisha. En enero de ese año, militares peruanos atacaron por cuatro días los destacamentos de Paquisha, Mayaycu y Machinaza, en la cordillera del Cóndor. La crisis sobrevino por el retiro del 17 % del dinero de los bancos. Para solventar el desbalance financiero de esa guerra, el entonces presidente Jaime Roldós creó el impuesto para la matriculación vehicular y el precio de la gasolina subió en un 200 %, y con ello el valor del transporte.

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En 1995, en cambio, el mecanismo que aplicó el gobierno de Sixto Durán-Ballén para atender los gastos que se generaron por el conflicto del Alto Cenepa con el Perú fue aplicar el impuesto del 2 % al rodaje (vehículos) y la entrega de dos días de salarios de los trabajadores públicos y privados.

En Ecuador, en la Asamblea Nacional, las principales bancadas por el momento se han mostrado opuestas a la aprobación de más impuestos y han empezado a hablar de posibles contribuciones temporales.

También se ha hablado de la necesidad de dirigir esos recursos recaudados a un fideicomiso, para evitar que los recursos se desvíen en corrupción. (I)

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