Garantías recibidas por la CFN no cubren el 30 % de la deuda total

El barco atunero que la empresa Ecufish adquirió en 2018 con un préstamo de la Corporación Financiera Nacional (CFN), por $ 4,8 millones, naufragó en altamar al año siguiente.

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Sin su única embarcación y con una deuda que asciende a $ 5,4 millones, Hugo Cedeño, socio de la firma, asegura que no le alcanzarán los años para cumplir con esa obligación, que estaba respaldada con una póliza de seguro endosada a la CFN. No obstante, la aseguradora negó el reclamo por tener tres cuotas en mora.

“No quieren pagar, y nosotros ni trabajando toda la vida vamos a poder pagar, porque ya no existe la fuente que generaba (los recursos) para cancelar el crédito”, dice Cedeño y añade que aunque la CFN sigue un proceso judicial ante la Superintendencia de Compañías para reclamar estos valores a la aseguradora, a esta empresa le embargaron la maquinaria de su planta frigorífica que está en garantía del préstamo con un avalúo de $ 1,3 millones.

Ecufish es uno de los 202 clientes de la CFN que, a través de procesos coactivos desde el 2014, tienen bienes confiscados o están en ese trámite por $ 249,3 millones. Aunque todos los clientes han entregado inmuebles en garantía, el monto de $ 249,3 millones no cubre el 100 %, sino el 70 % de la cartera vencida de la entidad, que llega a $ 354 millones con capital y supera los $ 520 millones con intereses, según un informe –a marzo de este año– de la CFN, ente que por ‘temas de agenda’ no atendió a este Diario.

Entre los bienes concedidos a la CFN en garantía de los créditos figuran, en primer lugar, edificaciones en al menos once provincias, en su mayoría Guayas y Pichincha, por $ 104,3 millones. Ahí se incluye una casa en la Alborada, norte de Guayaquil, que la compañía Otrantug entregó en respaldo del préstamo de $ 100.000 que recibió de la CFN en 2016 para adquirir un bus turístico.

A inicios del 2020, la CFN le inició el proceso coactivo, luego de caer tres meses en mora tras las manifestaciones de octubre de 2019 que provocó la cancelación de viajes.

“En enero (de 2020) empezaron a pagarnos (los clientes atrasados) y a recuperar la cartera. Con eso reunimos una parte y fuimos a la CFN, pero nos dijeron que ya no podían recibir el pago (...), en marzo llegó la pandemia y nos paralizamos nuevamente todo el 2020 y parte del 2021″, explica Doris Aldaz, gerenta de Otrantug, quien pide que se cumpla el ofrecimiento que hizo en mayo el Ministerio de Turismo para que los operadores puedan refinanciar sus deudas con la CFN con hasta cinco años de gracia. “Ahora dicen que eso está en proyecto, en análisis”, critica y considera que con dos años de gracia y cinco de plazo podrían cubrir la deuda.

Luego de las edificaciones, los terrenos ocupan el segundo lugar en los bienes cedidos en garantía a la CFN, que en su mayoría están en Guayas y cuyo avalúo llega a $ 51,8 millones; las maquinarias (como cosechadora de caña de azúcar, extractor de aceite de palma, piladora de arroz) se valoraron en $ 49,7 millones; los vehículos, en su mayoría pesados, en $ 10,9 millones; un galpón en $ 8,5 millones; equipos en $ 3,7 millones; y otros tipos suman $ 20 millones.

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Jorge Fernández Valdez, otro cliente deudor, entregó bienes valuados en un millón de dólares: una casa en la Alborada, un terreno en Santa Elena y maquinaria. Mientras que la firma Exofrut respaldó su deuda de $ 9,9 millones con la CFN al dar tres predios rústicos en Chongón, de $ 13,5 millones.

Esta compañía reportó, según sus registros financieros, pérdidas por $ 2,1 millones en 2020, déficit que ellos atribuyen a que en Perú se comercializa la pulpa y concentrado de maracuyá a menor precio. “Sigue siendo un escollo difícil de vencer”, dice el gerente Fernando Valdano en su informe.

A los deudores que durante la coactiva no aceptan refinanciar las deudas en dos años, como establece el artículo 277 del Código Orgánico Administrativo (COA), la CFN les embarga y remata los bienes.

En el remate, a diferencia de las subastas de bienes recibidos en dación de pago ($ 29,1 millones), la CFN no asigna recursos para el mantenimiento de las propiedades, explica el experto en derecho administrativo Andrés Moreta. Los gastos que se generen se cobran al deudor.

La CFN no informó sobre los remates realizados en los últimos cinco años. Según una revisión de este Diario a las rendiciones de cuenta, la CFN no menciona las ventas realizadas en 2020 y 2021. En 2019 sí se detalla que realizaron este proceso con seis bienes por $ 1,3 millones, pero sin éxito.

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En el sitio web remates.cfn.fin.ec, esta entidad ofreció el mes pasado ocho bienes, entre terrenos y casas, valuados entre $ 46.819 y $ 4,1 millones, para que los interesados se registren, revisen la documentación y llenen un formulario antes de presentar su oferta. Sin embargo, usuarios se quejaron el 28 de julio por no poder descargar el formulario para este trámite.

Paola Flor Morán, deudora de la CFN, quiere evitar el remate de las dos oficinas odontológicas de su padre en un edificio céntrico de Guayaquil, que con equipamiento suman $ 66.529 en garantías y que entregó para respaldar el crédito de $ 55.000 que le otorgó la CFN, entidad que le dio plazo hasta fines de julio para pagar los $ 29.000 que aún adeuda.

“No puedo aplicar a nada, es pagar o pagar. Nunca me aprobaron el refinanciamiento pese a que cancelé el 2 % de la deuda hace dos años”, lamenta Flor, quien asegura que su caso –en coactiva desde 2017– ha pasado por diez funcionarios y una docena de abogados, que no le han dado una solución.

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Su atraso se debió, justifica, a que el crédito le entregaron en cinco partes durante un año y para ciertos aparatos, por lo que no pudo equipar de inmediato su consultorio para trabajar; luego, asegura, se sumaron gastos por la enfermedad catastrófica de su madre.

Los remates se realizan desde el 2018 por el 100 % del avalúo en la primera y segunda convocatoria, al contado o a un plazo de máximo cinco años. “El propio sentido de la palabra remate significa que eso está más barato, pero acá (en el país) el remate es al mismo precio. No tiene sentido”, cuestiona el experto Moreta, quien cree que esto es una ‘obstrucción’ para recuperar los valores adeudados. (I)

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“Los datos de carácter personal de los usuarios financieros se encuentran protegidos y solo pueden ser dados a su titular o a quien este autorice”, respondió la CFN cuando se le consultó por la operación crediticia de Mario Veloz Moreno y su esposa Blanca Hernández Cesen, pareja que asegura que “ha quedado en la calle” tras un crédito de la CFN en 2009.

Ese año, ambos entregaron a esa entidad dos terrenos avaluados en $ 240.000, ubicados en la ciudad de Píllaro, Tungurahua, como garantía hipotecaria a cambio de un crédito de $ 130.000 con el que buscaban ‘salvar’ la Avícola Blanquita, que caía en picada a causa de la erupción del volcán Tungurahua en 2006.

“Fueron algunas erupciones, pero la más fuerte fue en 2006, el ambiente quedó contaminado y las aves se afectaron con una enfermedad en los ojos, se hincharon, no comían, comenzaron a morir”, recordó Blanca Hernández, una mujer riobambeña, de 54 años, que se había convertido en una próspera empresaria, hoy se desempeña como recepcionista en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo.

La avícola de Hernández, asentada en Píllaro, criaba 18.000 aves de corral para la venta de carne y tenía 5.000 gallinas ponedoras de huevos. “Yo perdí mucho capital por esta erupción del volcán, unas 9.000 aves listas para entregar, tenía una deuda con el Banco Procrédit, por eso busqué a la CFN”, contó la deudora.

A Procrédit, Hernández le debía $ 70.000, préstamo que había pagado puntualmente con el rendimiento de su negocio, que en 2006 incluía dos puntos de venta de aves, en Riobamba y Píllaro, además de dos terrenos, uno de ellos de 932 hectáreas, con edificaciones, galpones, frigoríficos y más infraestructura avícola.

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Este terreno, avaluado en $ 130.000, fue rematado en $ 30.000, precisa la deudora. “Remataron por ínfima cuantía y nunca me notificaron”, reclama Hernández al retroceder en el tiempo y lamentar el momento en que escuchó las promesas del entonces presidente Rafael Correa para los damnificados del volcán Tungurahua.

En 2007, durante una visita a Píllaro, recuerda Hernández, el mandatario ofreció créditos de fortalecimiento productivo para reactivar la economía de Ambato. Ella dice que hizo varios viajes a Quito, y que se reunió con los entonces representantes de la CFN, Freddy Monge y Andrés Albuja, quienes le confirmaron que, efectivamente, era posible que acceda al crédito gubernamental.

El famoso crédito de fortalecimiento productivo fue aceptado en ese momento, nombraron asesores, avaluaron mis terrenos ($ 240.000), me hicieron contratar seguros (gastos muy costosos), pero ese famoso crédito jamás se dio por cuanto los asesores de la CFN dejaron pasar mucho tiempo, dándome como respuesta que ya no procedía como fortalecimiento productivo y direccionándome por otro muy diferente llamado crédito directo

Blanca Hernández, deudora de la CFN.

Hernández agrega: “yo en mi desesperación de salvar mi empresa dejé que ellos me asesoraran, porque prometieron que solo cambiaba de nombre, que el contexto sería el mismo”.

La deuda de esta riobambeña ascendió, antes de pandemia, a más de $ 400.000, contó, pero se acogió a la remisión de intereses y a reestructuraciones que hoy ubican el monto en unos $122.000.

Hernández, quien tiene el 31% de discapacidad física y camina con dificultad, perdió su negocio y desde septiembre del 2010, en que salió de Píllaro por las múltiples deudas que contrajo, no ha regresado más. “Tuve que fiar hasta para comer, quedé debiendo mucho en Píllaro, le soy honesta. Tenía la seguridad de que me iban a ayudar con el crédito y comencé a fiar, pero los dineros me dieron después de dos años y en partes”, indicó Hernández.

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Su deuda pasó de CFN al Banco de Fomento en Liquidación, en 2017. A esta entidad hoy le pide que acepte la segunda propiedad embargada y valorada en $108.000, en un peritaje realizado hace cuatro años. Además, Hernández ruega que no le congelen su sueldo mensual, como ha ocurrido en varias ocasiones.

Al Presidente Guillermo Lasso también le ha dirigido cartas en las que le pide que revise su caso. “Cuánto no daría porque después de 10 años me dejen vivir en paz, es lo que más ansío para poder morir tranquila”. (I)

El 92,5 % de los bienes tiene seguros vencidos

El 92,5 % de las propiedades registradas por la Corporación Financiera Nacional (CFN) en garantía de los créditos impagos y en coactiva tenía, hasta marzo de este año 2022, las pólizas de seguro vencidas y canceladas por $ 385 millones.

El restante 7,5 % de los deudores mantiene los seguros vigentes contra cualquier imprevisto por $ 31 millones. Entre ellos está la compañía Arahuana con una póliza contra incendio por $ 6,9 millones para respaldar los cinco bienes en la provincia de Napo. Asimismo, la firma Comtec aseguró por $ 217.715 el terreno de 727 hectáreas con plantaciones de palma africana, construcciones agrícolas y el bosque primario que tiene en Esmeraldas. (I)