La caja de banano a $ 6,25, la saca de arroz de 210 libras a entre $ 30 y $ 32, la tonelada de caña de azúcar a $ 31,70, el quintal de maíz duro a $ 14,60.

Estos son la mitad de los productos para los cuales el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) fija precios mínimos de sustentación (PMS) con el objetivo de impulsar la cadena de valor de los diferentes productos e impulsar, en teoría, sobre todo a los pequeños y medianos productores, según indicó la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria del MAG.

Los cuatro productos restantes son plátano, soya, algodón y trigo.

Sin embargo, este esquema, que lleva por lo menos dos décadas de vigencia, lejos de ser visto como la ayuda que en papeles significa, nunca está exento de críticas y reclamos por parte de los productores, pues en la mayoría de los casos aseguran que no cubre sus costos de producción debido al elevado costo de los insumos agrícolas para producir.

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Cañicultores conformes con decisión del Gobierno de mantener en $ 31,70 el precio de la caña de azúcar

Las autoridades actuales del MAG, con solo tres meses en funciones, reconocen las falencias del sistema.

Al ser consultados por Diario EL UNIVERSO, a través de la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria se aseguró que en las dos últimas décadas solo se ha generado el PMS, pero no se fortaleció realmente el sistema de producción ni al pequeño productor.

Esa dependencia explicó que los costos de producción deben ser eficientes y debe existir necesariamente un desarrollo del cultivo adecuado, es decir, aplicaciones y controles en el momento indicado.

“El discurso de anteriores Gobiernos era que ‘se garantiza que el productor agrícola venda a un precio justo, que le permite recuperar los costos de producción y adicionalmente obtener una ganancia legítima a su esfuerzo’. Nuestro trabajo como MAG es incrementar eficiencia para ofertar productos al mundo”, argumentó la cartera de Estado.

No obstante, los reclamos de los productores por los PMS alcanzan también a este Gobierno, que en las últimas semanas ha lidiado con movilizaciones, sobre todo por el precio fijado para el arroz el 23 de julio pasado.

Pero, a más de lo dicho por el MAG, ¿qué falla en este modelo de precios?, ¿se utiliza en otros países?, ¿hay forma de que funcione correctamente?

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Para Byron Paredes, expresidente de la Asociación de Productores de Banano del Ecuador (Aprobanec), los PMS son un derecho “irrenunciable” de los agricultores, y aunque señaló que los Gobiernos deben garantizar que se respeten, lamentó que no se lo haga.

Productores bananeros proponen no cortar más fruta por el irrespeto al precio de la caja

“Lo que sucede son distorsiones de mercados... No existe prácticamente la institución que regule, complemente las políticas públicas agropecuarias. Es tierra de nadie, los piratas van y dañan los mercados, generan una competencia desleal”, criticó el exdirigente.

Al respecto, Franklin Torres, presidente de Aprobanec, ve necesaria la implementación de una política agropecuaria basada en el pago de estos precios mínimos, pues aseguró que la aplicación del libre mercado en la agricultura es inaplicable en las actuales condiciones, debido —según él— a una fuerte posición de dominio económico del sector comercializador, en el caso del banano, el sector exportador.

“El sistema no es debidamente aprovechado debido a la corrupción existente en los mandos medios del Ministerio de Agricultura, a la falta de cumplimiento de las leyes, lo que hace fallar en el momento de implementar este sistema”, manifestó el dirigente.

Desde el sector arrocero también hay pedidos. El principal es que se revise el Acuerdo Ministerial 019, que fijó el precio de la gramínea.

Arroceros en desacuerdo con nuevos precios del arroz fijados por el MAG

“Si hay la oportunidad de que se revise, sería lo ideal; de lo contrario, que se siga lo solicitado por escrito, que son los controles a los insumos agrícolas en precio, calidad y cantidad”, sostuvo el lunes pasado Gina Salazar, agricultora arrocera y dirigente del cantón Daule.

A finales de julio pasado, René Herrera, coordinador nacional de la Federación Nacional de Arroceros (Fenarroz), que representa a arroceros de la provincia del Guayas, indicó que producir una saca de 200 libras de arroz cuesta alrededor de $ 32, por lo que el PMS fijado no cubriría los costos. El dirigente habló de por lo menos ubicar el PMS en $ 35, otros sectores plantearon incluso los $ 40 por saca durante las últimas movilizaciones del 12 de julio y 11 de agosto pasado.

En este caso en particular, desde el MAG se indicó que “cuando se incrementa el PMS del arroz, se genera mayor contrabando de arroz de Perú por su calidad y precio”.

Alfredo Saltos, exministro de Agricultura, recordó que el mecanismo de precios oficiales se sustenta en la Constitución del 2008 (aunque para productos como el banano, desde 1997, con la expedición de la Ley del Banano).

Sin embargo, Saltos indicó que la mayor parte de agricultores no se beneficia y las autoridades tampoco lo hacen respetar. Indicó que en el caso del arroz, maíz y la soya, las resoluciones se emiten tardíamente, cuando el grueso de las cosechas ha sido acaparado, a bajos niveles, por los intermediarios que luego venden al precio oficial.

El exministro aseguró que no conoce países en donde se aplique un régimen igual.

Aunque citó que hay muchos que utilizan mecanismos de protección para corregir los malos tratos en precio que reciben los cultivadores, como Costa Rica y Colombia. Casi de forma similar al Ecuador en banano, todos tienen regulaciones para efectos de liquidación de divisas y allí se establecen precios mínimos.

En economías desarrolladas, como Estados Unidos o la Unión Europea, se otorgan grandes subsidios a la producción y exportación, que han provocado incrementos notables de la productividad e ingresos importantes a siempre satisfechos finqueros, además de aplicar medidas de protección como altos aranceles para proteger la producción nacional, que impide el acceso de competidores de fuera de sus áreas de influencia. Un modelo utópico para Ecuador, que —a decir de Saltos— no tiene recursos para ejecutar ayudas directas a favor del sector.

Lo último al respecto, afirmó el experto, es la promulgación de una Ley de Cadena Alimenticia en España, que señala que nadie puede vender ni comprar por debajo de los costos de producción, sin establecer precios mínimos de sustentación, sino que resulta de común acuerdo entre las partes y se convierte en obligación so pena de fuertes sanciones.

Ministerio de Agricultura asegura que precios del arroz fueron fijados técnicamente en mesas de diálogo, que hay reclamos “justificados y otros de tinte político”

“Nadie puede vender a pérdida, o sea, bajo los costos. Algo así debería intentarse en Ecuador sin necesidad de fijar por el Estado, sino que sea de común acuerdo entre productores y exportadores”, recomendó Saltos, quien expuso otra opción: crear líneas de crédito a los compradores para que paguen los valores legales, compren y paguen a tiempo.

“Cuando no actúan los privados tiene que entrar el Estado a comprar solo una mínima proporción; basta un 15 % y suficiente en arroz y maíz, para lograr evitar caídas espectaculares. O la venta directa a los consumidores, habida cuenta la gran diferencia que existe entre los precios en finca y el valor que pagan los consumidores citadinos”, explicó Saltos.

Mientras, el MAG aseguró que se realizan operativos de control para el cumplimiento de los PMS, para lo cual solicitan facturas de compra y venta, y dependiendo del producto, documentos de origen, registros de facturas de compra en la Unidad de Registro, Transacciones y Facturación del MAG; y también se controla la efectividad de los medidores de humedad, y de pesos con la comprobación de la calibración de balanzas y básculas.

Iniciativa busca un trabajo conjunto

En tanto, también existen cuestionamientos, análisis e iniciativas desde el sector industrial.

Christian Wahli, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), aseguró que parte de la problemática es que los precios de sustentación no necesariamente conllevan un análisis técnico, por lo que están desvinculados del consumo nacional real.

“La política diseñada para proteger a los pequeños productores no es efectiva, puesto que el 60 % —por diversos motivos— no se beneficia de los precios de sustentación, convirtiéndose en actores del sistema informal, en el que no se contemplan dichos precios base”, aseguró Wahli, quien expuso como solución el concepto de Ecuador Agroalimentario, una iniciativa que nació en el 2019 para promover un espacio de articulación entre los actores de las cadenas agroalimentarias.

En esta propuesta intervienen el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), la Cámara de Industrias y Producción (CIP), Anfab, la Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas del Ecuador (AIBE), la Cámara de Agricultura de la Zona 1 y 2, el Centro de la Industria Láctea del Ecuador (CIL) y la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA).

Wahli explicó que Ecuador Agroalimentario busca promover un sistema agroalimentario integral que parte del consumidor y que, con un esfuerzo compartido entre el sector público y privado, pretende reconstruir la cadena de valor desde la semilla hasta la mesa.

“(Se trata de) trabajar articuladamente a favor de la demanda identificada del consumidor, tanto local como internacional, y alinearse de manera eficaz es el objetivo común”, agregó el presidente de Anfab, quien aseguró que es posible que la industria y el comercio puedan establecer las reglas de una agricultura de transición, definiendo los objetivos agrícolas y, con apoyo del Estado, lograr una transformación del campo. (I)