El proceso de pago de indemnizaciones para los extrabajadores de medios incautados registra nuevos obstáculos. Hernán Luque, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), aseguró esta semana que la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador, que administra los medios del Estado, no cuenta con los recursos para hacer frente al pago de indemnizaciones de los trabajadores de las empresas incautadas.

Lo explicó ante el seno de la Comisión de Desarrollo Económico en el marco del tratamiento de la ley reformatoria a la Ley de Compañías, presentada en mayo pasado por el gobierno de Lenín Moreno.

De acuerdo con la disposición transitoria séptima de dicha reforma, los procesos de liquidación a empresas incautadas, en lo que respecta a liquidaciones de haberes laborables provenientes de activas de finiquito celebradas ante el Ministerio rector, deben ser asumidos por la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador. Sin embargo, Luque sostuvo que “debe haber informes técnicos y económicos sobre fondos para el pago (…), la empresa es una empresa nueva y no cuenta con los recursos para poner la liquidación de los empleados de las empresas incautadas”, aseguró.

Explicó que son varias las empresas que forman parte actualmente de la Empresa de Comunicación: Cadena Ecuatoriana de Televisión Canal 10, Radiodifusora del Pacífico, Compañía de Televisión del Pacífico (Tele 2), América Visión, Cable Visión, radio La Prensa, Editorial Uminasa, Edimpres, Organización Radial, radio Bolívar. Por lo que el pedido a los asambleístas fue que se revise bien de dónde van a salir los fondos en caso de que se quiera liquidar a los trabajadores de estas empresas incautadas.

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El asambleísta independiente César Rohón recordó a Luque que muchos de los trabajadores han muerto y nunca recibieron la indemnización correspondiente. Aseguró que hay trabajadores que ganaron un juicio y que incluso cuentan con un auto de pago, por lo que el Gobierno, EMCO o quien corresponda debe asumir la responsabilidad: “El rato de asumir la responsabilidad todo el mundo huye”, se quejó. Indicó que muchas empresas siguen funcionando pero otras, que eran líderes en el mercado ahora, están quebradas y endeudadas. Pidió que se busque un mecanismo para pagarles.

Margarita Constante, vocera de los trabajadores de empresas incautadas, consideró ilógico que una vez más se busque esquivar la responsabilidad del pago. Dijo que durante varios años se ha ido cambiando de nombre al ente administrador de las empresas: primero fue Ugemed, luego EMCO, después Empresa de Medios Públicos, ahora Empresa Pública de Comunicación, pero la constante es clara: los pasivos y activos de las empresas siempre pasan al siguiente ente. Explicó que por más que se diga que es una empresa nueva, esta recibe activos y pasivos de la anterior y debe asumir su responsabilidad con los trabajadores.

Constante explicó que los trabajadores de radios incautadas (Super K 800, Carrusel, El Telégrafo y La Prensa), así como de Editorial Uminasa (editora de revistas como La Onda, La Otra, El Valle, El Agro), que no tienen comité de empresa ni contrato colectivo, buscan que se les paguen las liquidaciones correspondientes por despido intempestivo y lo que se adeuda al Seguro Social y hasta de cuotas del Biess. Adicionalmente, que se proceda a pagar la jubilación patronal de varios trabajadores a los cuales les correspondía este derecho.

Entre tanto, explicó que Cablevisión reclama aún el pago del 20 % de la indemnización correspondiente a 18 empleados. Entre todos ellos el monto de indemnización no supera los $ 2 millones. También está pendiente el pago de $ 7 millones para Cablevisión por el juicio ganado con base en su contrato colectivo.

Constante recordó el viacrucis que han vivido desde mayo del 2019, cuando fueron despedidos, sin indemnización e incluso adeudándoles salarios y los pagos correspondientes al IESS y al Biess (por préstamos hipotecarios). Con el cambio de Gobierno, explicó que se ha pedido una reunión con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y se han enviado comunicaciones al secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, pidiendo una salida. Dijo que al momento ya hay cinco compañeros fallecidos que no alcanzaron a recibir la indemnización y que la Ley de Compañías que se está tratando podría durar meses en aprobarse, por lo que más bien pide al presidente una vía expedita: que a través de un decreto ordene el pago.

Aseguró que Bonilla les ha indicado que esperan vender los activos de los medios para poderles cancelar. Sin embargo, le recordó que muchos de esos bienes que pertenecían a la familia Isaías no se pueden vender porque ganaron un juicio al Gobierno a nivel internacional que impide dicha venta. Esperar a que esto se resuelva “sería alargar nuestra agonía”, dijo.

Entre tanto, Mauricio Herrera, secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de Gamavisión y representante del accionista minoritario, aclaró que el caso del canal es diferente al resto de medios incautados. Explicó que en 2019 fueron desvinculadas entre 80 y 90 personas, entre ellas cinco jubilados. A todos se les pagó indemnización, pero no se ha cumplido con el pago de la jubilación patronal a estos cinco trabajadores. Aclaró que las empresas incautadas siguen siendo privadas y no reciben dinero del Estado para funcionar. Sin embargo, actualmente el Estado les debe $ 3,8 millones de las sabatinas de la época del expresidente Rafael Correa. Pidió que el Gobierno cumpla con esos pagos.

Adicionalmente, comentó que si se piensa en vender el canal para pagar liquidaciones de otros medios, los trabajadores no lo permitirán. “Ahí se topará con la fuerza de los trabajadores que impediremos que eso ocurra”, dijo.