La disposición del decreto 571 del Gobierno firmado el 3 de octubre pasado, de que tanto el sector empleador como el de trabajadores elija cada uno a un vocal que les represente ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ha evidenciado la gran división que existe en el sector sindical del país. Lejos de ponerse de acuerdo, la elección sacó a la luz la fractura entre las organizaciones sindicales que han existido históricamente y otras que han aparecido de la mano de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), creada durante el correísmo, pero que además presentan registros legales emitidos por el Ministerio del Trabajo, fechados el 19 de octubre.

La falta de acuerdo se da en momentos en que la Superintendencia de Bancos ya ha dado luz verde y ha posesionado a la nueva vocal del IESS, María de los Ángeles Rodríguez, y cuando la Asamblea se apresta a conocer el veto a la reforma a la ley de Seguridad Social que fue vetada hace más de un año por el presidente de la República y que proponía una forma de seleccionar a los vocales a través de elecciones y con presidencias rotativas.

En el proceso actual, normado por el decreto 571, dos grupos de organizaciones de trabajadores han presentado a sus candidatos para la vocalía. En el caso de las centrales sindicales históricas, el binomio es el conformado por Ramiro García Falconí y Ramiro Beltrán; mientras que la CUT respalda a Richard Gómez y Mercy Maldonado. Ninguna de las dos logró el apoyo de la Confederación de Jubilados del Ecuador (CJE), que también es considerado un elector representativo.

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Fernando Ibarra, presidente de la Central de Organizaciones Clasistas (Cedoclat), una de las cinco centrales sindicales históricas, admite que durante varias décadas se ha generado una suerte de división entre las centrales sindicales, especialmente por temas ideológicos. Pese a ello, considera que la legalidad de sus organizaciones está respaldada por décadas de existencia.

Asegura que la Cedoc (Central de Organizaciones Clasistas) fue la primera central sindical católica cristiana que se creó en 1938, pero luego en 1944 apareció la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), estructurada por el Partido Comunista. Más tarde, la Ceosl en 1962 y luego la Cedoc se divide en Cedocut y Cedoclat. Adicionalmente, el MPD en un momento vio necesario tener un brazo sindical y así también se creó la UGTE (1982).

Quito, 24 de octubre de 2022. Rueda de prensa de organizaciones históricas como Cedocut, Cedoclat, CTE, UNE, CEOSL para dar a conocer su postura en torno a la elección del Vocal de los asegurados del Iess. Fernando Ibarra, Angel Sanchez, Nelson Erazo, Isabel VargasAPI/JUAN RUIZ CONDOR Foto: API

En cambio, recuerda que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) nació como una estrategia del gobierno de Rafael Correa, que buscaba en primer lugar aglutinar en esta CUT a todas las centrales, pero al tener una negativa por parte de ellas decidió crear esta superestructura de manera paralela. Comenta que Carlos Marx Carrasco y Doris Soliz fueron quienes buscaban aglutinarlos.

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En todo caso, considera que la CUT sí sería una central sindical reconocida. Sin embargo, denuncia que al menos dos de las organizaciones que aparecen respaldando la candidatura de Gómez fueron creadas el 19 de octubre de este año, es decir, luego de emitido el decreto ejecutivo 571, que ordena la renovación de los nuevos vocales.

Dicho decreto dice textualmente: “El representante de los asegurados y su alterno, ante el Consejo Directivo del IESS debe ser designado conjuntamente por las centrales sindicales legalmente reconocidas, la Confederación Nacional de Servidores Púbicos, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Jubilados y las organizaciones legalmente constituidas de los afiliados al Seguro Social Campesino, conforme la normativa vigente, a la fecha de la publicación del presente decreto en el Registro Oficial”. El decreto se publicó en el Registro Oficial el 18 de octubre.

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María Alejandra Cevallos, viceministra de Empleo (s), aprobó el acuerdo ministerial 188 del 19 de octubre, en el cual se aprueba la personería jurídica de la Confederación de Trabajadores Fuerza Sindical del Ecuador, cuya documentación a su vez fue remitida a esa Cartera de Estado el 12 de octubre. Esta organización está dirigida por Wladimir Gavino Macías en calidad de presidente provisional, elegido el 4 de agosto pasado y tiene 30 días para elegir directiva.

La misma funcionaria entregó personería jurídica a la Unión Nacional Laboralista Patria y Solidaridad, también el 19 de octubre. Ambas organizaciones constan como parte de las entidades que apoyan a Gómez.

Entre tanto, el binomio de Richard Gómez reclama para sí el respaldo de la Cutae, Central Única de Trabajadores Azucareros del Ecuador, pero Oswaldo Pineda Paredes, presidente de ese gremio fundado en 1998, dice en un comunicado público que la CUT había emitido una falsa información y que se ve en la obligación moral y legal de desmentir el apoyo. Indica que la Cutae es parte de la Cedocut.

En este sentido, la candidatura de Gómez tendría un respaldo valido de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social (Cetoss), presidida por Rosa Argudo; la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que la preside el propio Gómez; la Confederación de Trabajadores del Sector Público del Ecuador (CTSPE), que tiene como dirigentes a Oswaldo Chica Viteri, quien es el presidente y Richard Gómez su vicepresidente; y, la Confederación de Servidores Públicos (Conasep), presidida por Iván Bastidas.

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Entre tanto, la candidatura de Ramiro García Falconí cuenta con el respaldo de la Central de Trabajadores del Ecuador (CTE), representada por Édgar Sarango; la Central de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), con Ángel Eduardo Sánchez a la cabeza; la Unión Nacional de Educadores (UNE), representada por Isabel Vargas Torres.

También, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Ceodcut), representada por Mesías Tatamuez; la Confederación de Organizaciones Clasistas (Cedoclat), que tiene a la cabeza a Fernando Ibarra. Así también, la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), con José Villavicencio como firmante. Adicionalmente, la Confederación Sindical del Ecuador (CSE), representada por Jaime Arciniegas; la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc), con Dora Corrales; la Central Única de Trabajadores Azucareros (Cutae), con Franklin Ruiz; y, la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación (UNTE), con Francisco Arteaga.

Por su parte, Henry Llanes, exsindicalista y actual representante de la Asociación de Afiliados y jubilados del IESS de Pichincha, considera que el sector sindical no es ajeno a la fractura del tejido social que se manifiesta en varios sectores.

En todo caso, para Llanes, es importante -antes que continuar dentro del IESS con la misma estructura tripartita (empresarios, trabajadores y Gobierno)- buscar una mayor inclusión. Dice que actualmente se cree que los afiliados activos y pasivos suman 3,6 millones y los afiliados a sindicatos son apenas 315.000 personas. Lo mismo pasa con los empleadores, asegura, pues se considera que un porcentaje mínimo de los empleadores estarían afiliados a las Cámaras. Llanes, quien impulsa actualmente una iniciativa legislativa ciudadana para cambiar la conformación del Consejo a cinco miembros: dos de los afiliados, uno de los jubilados, un tercero de los empleadores y uno del Gobierno, dice que en la situación actual hay un limbo. Sin embargo, si se hiciera caso a la ley vigente, que está declarada en inconstitucionalidad diferida, los electores no podrían ser organizaciones creadas en la actualidad, sino las que históricamente han existido.

Eso indica la ley, y un decreto ejecutivo no puede modificarla, expresa. Para Llanes, fue un error del Gobierno mandar a elegir a los vocales a los propios trabajadores, considerando las divisiones que existen. “Es como decirles a los políticos de este país que se sienten a elegir al presidente de la República: jamás se pondrán de acuerdo”. Por ello debe haber un árbitro que debió ser el Consejo Nacional Electoral, sostiene. Entre tanto, Henry Llanes espera que se dé paso a su propuesta de iniciativa popular, cuyo primer paso es la conformación de una mesa de tres asambleístas que examinen la propuesta legal. (I)